El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 23 de diciembre de 2025, durante una alocución presidencial, que fijará por decreto el salario mínimo para 2026, incorporando por primera vez en la normativa colombiana el concepto de “salario mínimo vital”. Esta medida busca asegurar condiciones de vida digna para los trabajadores y sus familias, cubriendo sus necesidades básicas tras el fracaso de las negociaciones entre empresarios y representantes sindicales.
La decisión presidencial responde a la necesidad de garantizar una remuneración mínima que se ajuste a la realidad económica del país, considerando el costo de vida y otras variables. Petro enfatizó que el salario debe mantener su poder adquisitivo, alineándose con la jurisprudencia de la sentencia C-426 de la Corte Constitucional, que obliga a que suba al menos al nivel de la inflación.
Base legal en la Constitución y la OIT
Esta iniciativa se fundamenta en el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define el salario suficiente como aquel que cubre las necesidades básicas del trabajador y su familia, teniendo en cuenta el costo de vida, el nivel general de salarios, la productividad y las necesidades familiares. Asimismo, se apoya en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que establece una remuneración mínima vital y móvil, suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia. Representa un hito al incorporar explícitamente el “salario mínimo vital” en la determinación oficial del ingreso base.
“El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas que hemos discutido. La jurisprudencia, la Cetesia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, es decir, que suba al menos como la inflación”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Con este decreto, el Gobierno Nacional busca priorizar el bienestar de los trabajadores en un contexto de tensiones entre sectores económicos, marcando un precedente en la política salarial del país y respondiendo a las demandas históricas por una protección más integral de los derechos laborales.
