El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el aumento del 23% al salario mínimo para 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025, tras el respaldo de la Defensoría del Pueblo a su legalidad y constitucionalidad ante el Consejo de Estado. Esta posición se dio en medio de 17 demandas que buscan anular el decreto, el cual fija el salario básico en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, con el objetivo de cumplir la orden constitucional de garantizar un salario vital que asegure la dignidad humana de los trabajadores y sus familias.
Petro expresó su defensa a través de publicaciones en su cuenta de X, enfatizando que el salario vital es un mandato constitucional desobedecido por el Congreso durante años, y que su gobierno ha logrado alcanzarlo mediante el ascenso del salario mínimo. La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, intervino jurídicamente sin necesidad de un acuerdo tripartito entre empresarios, sindicatos y Gobierno, argumentando que el decreto prioriza los derechos humanos de los trabajadores por encima de variables macroeconómicas, basado en el artículo 53 de la Constitución Política y la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.
Respaldo constitucional y moral de la Defensoría
La entidad, en ejercicio de su magistratura moral y mandato constitucional para promover y defender los derechos humanos, defendió la legalidad del decreto que fija el salario mínimo para 2026, recomendando evitar cualquier escenario de desprotección a los derechos laborales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Iris Marín destacó las necesidades reales de los dependientes del salario mínimo y la importancia de este como garantía de vida digna y ejercicio pleno de la ciudadanía, contribuyendo a la estabilidad social en Colombia.
«El salario vital es una orden de la constitución desobedecida por el Congreso»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«A través del ascenso del salario mínimo llegué en mi gobierno a alcanzar el salario vital»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«Que el salario garantice el mínimo vital de la familia es de sentido común»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026»
Defensoría del Pueblo
«La Defensoría recomienda que se eviten escenarios de desprotección a los derechos que están reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras tanto en la Constitución como en tratados internacionales»
Defensoría del Pueblo
El Consejo de Estado había suspendido temporalmente el decreto ante las demandas presentadas, pero el respaldo de la Defensoría refuerza la posición del Gobierno de priorizar una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Esta controversia subraya el debate nacional sobre el equilibrio entre derechos laborales y estabilidad económica, con fuentes como las cuentas oficiales de @infopresidencia, @petrogustavo y @DefensoriaCol en X, así como reportes de Luisa González para REUTERS, confirmando los detalles de la intervención.
