El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió con firmeza el decreto que establece un aumento del 23,7% al salario mínimo para 2026, fijando el salario base o vital en 1.750.905 pesos y el subsidio de transporte en 249.095 pesos, para un total de dos millones de pesos. Esta medida, anunciada a través de su cuenta en la red social X (@petrogustavo), surgió como respuesta directa a las críticas del exsenador y expresidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, quien cuestionó la falta de justificación técnica por incumplir parámetros de inflación, productividad y otros establecidos por la Corte Constitucional.
En su mensaje, Petro rechazó las acusaciones de Macías, a quien calificó de extremista de derecha, y advirtió que tales críticas podrían convocar un paro nacional. El mandatario enfatizó que los trabajadores no deben pagar la crisis de los especuladores financieros y que el gobierno consideró todos los aspectos de la sentencia de la Corte, incluyendo la inflación del año pasado y la productividad, pero priorizó una orden constitucional y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporados a la Carta Magna. “No despierten al jaguar”, sentenció Petro, subrayando que se trata de un gobierno progresista al servicio de los trabajadores y la voluntad soberana del pueblo, no de los megarricos.
Críticas y precedentes judiciales
Las declaraciones de Petro se enmarcan en un debate acalorado sobre los riesgos económicos del aumento, que supera la inflación anual proyectada y genera preocupaciones entre gremios empresariales, líderes políticos y dueños de pequeñas y medianas empresas (PYMES) por su impacto en la contratación, la estabilidad laboral y la inflación general. Macías Tovar recordó que el Consejo de Estado anuló en 2017 el Decreto 2552 de 2015, del gobierno anterior, que fijaba un 7% de aumento para 2016, por carecer de razones técnicas sobre inflación, productividad y crecimiento económico, incumpliendo fallos de la Corte Constitucional.
“Entonces, señor de extrema derecha, Macías, se convocará el paro nacional”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El nuevo decreto presidencial será estudiado por el Consejo de Estado para verificar si cumple con los parámetros constitucionales y de la OIT. En caso de nulidad, no implicaría la devolución de pagos ya realizados a los trabajadores, según el precedente histórico. Estas tensiones destacan las divisiones políticas en torno a políticas laborales que buscan equilibrar el poder adquisitivo de los asalariados con la sostenibilidad económica del país.
“Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros. Todos los considerandos se tomaron en cuenta de la sentencia de la Corte, tuvimos en cuenta la inflación del año pasado y la productividad, pero obedecimos una orden de la constitución y de los tratados de la OIT que son parte de la constitución, así que no despierten al jaguar”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“El @consejodeestado anuló el Decreto 2552 de 2015, que fijó el aumento del salario mínimo para 2016. El gobierno tampoco tenía razones para fijar el porcentaje e incumplió los parámetros establecidos por la @CConstitucional, como la inflación y los índices de productividad”.
Ernesto Macías Tovar, exsenador
Este intercambio en redes sociales pone de manifiesto la polarización en Colombia respecto a medidas que impactan directamente el bolsillo de millones de trabajadores y el dinamismo del mercado laboral, con el Consejo de Estado como árbitro final en la controversia.
