El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de las críticas del exsenador y expresidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, defendiendo el reciente aumento del salario mínimo para 2026, que alcanza el 23,7 por ciento y eleva el salario base o «salario vital» a 1.750.905 pesos, con un subsidio de transporte de 249.095 pesos, para un total de dos millones de pesos. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro advirtió «no despierten al jaguar» ante las cuestionamientos por supuesta falta de justificación técnica, recordando que el anuncio se hizo a finales de 2025 y obedece a lineamientos constitucionales, la sentencia de la Corte Constitucional y tratados de la Organización Internacional del Trabajo incorporados a la Carta Magna.
La controversia se desató cuando Macías Tovar recordó la anulación del Decreto 2552 de 2015 por el Consejo de Estado en 2017, que había fijado un aumento del siete por ciento para 2016 por carecer de sustento técnico en inflación, productividad y crecimiento económico, argumentando que el actual gobierno incurre en el mismo error al incumplir parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Petro replicó con vehemencia, enfatizando que su administración tomó en cuenta la inflación del año pasado y la productividad, pero priorizó la orden constitucional y los compromisos internacionales con la OIT.
La advertencia del presidente Petro
«Entonces, señor de extrema derecha, Macías, se convocará el paro nacional. Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros. Todos los considerandos se tomaron en cuenta de la sentencia de la Corte, tuvimos en cuenta la inflación del año pasado y la productividad, pero obedecimos una orden de la constitución y de los tratados de la OIT que son parte de la constitución, así que no despierten al jaguar. Este es un gobierno progresista que no es de los megarricos, sino de los trabajadores, y gobernamos por la voluntad soberana del pueblo».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El intercambio en redes sociales ha avivado críticas de sectores políticos de derecha, económicos, empresarios y gremios de comercio, que expresan preocupaciones por el impacto en la inflación, la generación de empleo y las finanzas de las pequeñas y medianas empresas. Analistas advierten que el decreto podría enfrentar una revisión judicial similar a la de 2017 por parte del Consejo de Estado, lo que añade incertidumbre al panorama laboral para el próximo año en Colombia.
El antecedente que enciende el debate
«El @consejodeestado anuló el Decreto 2552 de 2015, que fijó el aumento del salario mínimo para 2016. El gobierno tampoco tenía razones para fijar el porcentaje e incumplió los parámetros establecidos por la @CConstitucional, como la inflación y los índices de productividad».
Ernesto Macías Tovar, exsenador
Este pulso entre el Ejecutivo y la oposición pone de manifiesto las tensiones en torno a la política salarial en un contexto de recuperación económica postpandemia, donde el gobierno progresista de Petro insiste en priorizar a los trabajadores frente a los intereses de los grandes capitales, mientras gremios llaman a la prudencia para evitar efectos negativos en la competitividad de las pymes y el mercado laboral nacional.
