El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el aumento del IVA sobre licores del 5% al 19%, impulsado por la declaratoria de emergencia económica tras el hundimiento de la última ley de financiamiento en el Congreso, en respuesta a las críticas de la reconocida chef colombiana Leonor Espinosa, quien advirtió sobre un grave impacto en el sector gastronómico y los empleos. El intercambio se dio a través de publicaciones en la red social X, donde Espinosa, desde su cuenta @Leoescocina, cuestionó la medida, y Petro replicó desde @petrogustavo, argumentando que busca desincentivar el consumo de alcohol por razones de salud pública.
La polémica surgió en un contexto de tensiones económicas, con el gobierno justificando la elevación impositiva para compensar la falta de recursos presupuestales, mientras el sector de bares, restaurantes y hoteles denuncia perjuicios en costos operativos y rotación de negocios, especialmente en un país con alta informalidad y márgenes frágiles. Espinosa detalló ejemplos concretos de cómo esta reforma encarece elementos esenciales, como arriendos que pasan de un millón a 40 millones de pesos, o vajilla y cristalería que saltan de dos millones a 50 millones, sumado a incrementos salariales por encima del mínimo que subirá un 23% en 2026, y mayores gastos en salud y pensiones. La medida afecta directamente bebidas como aguardiente, ron y whisky, elevando los costos tanto para consumidores como para emprendedores.
La advertencia de la chef Leonor Espinosa
Leonor Espinosa, una de las figuras más destacadas de la gastronomía colombiana, criticó duramente la política al afirmar que no castiga el lujo ni los grandes capitales, sino la economía cotidiana del sector, reduciendo la rotación y poniendo en riesgo empleos, sin una política pública integral que corrija desigualdades y en cambio profundice la precariedad. Espinosa concluyó que aumentar tributos en estas condiciones representa una miopía económica, especialmente por las variaciones en tipos de negocio que involucran inversiones y operaciones por encima del salario mínimo.
«Esta medida no castiga el lujo ni a los grandes capitales; castiga a la economía cotidiana del sector, reduce la rotación y pone en riesgo empleos. En un país con alta informalidad y márgenes frágiles, gravar el consumo sin una política pública integral no corrige desigualdades, sino que profundiza la precariedad.»
Leonor Espinosa, chef colombiana
La defensa presidencial y el apoyo de la oposición
Gustavo Petro respondió enfatizando los daños del alcohol como la droga que más produce muertes y sobrecarga los sistemas de salud, argumentando que reducir su consumo en personas y sociedad es productivo y beneficioso para la vida, con el ingreso ahorrado beneficiando el mejor vivir de las familias en lugar del Estado. El mandatario cuestionó cómo no castigar el alcohol cuando representa la mayor carga en salud pública y presupuestos, en un país donde ha causado inmenso daño, especialmente cuando los consumidores lo dirigen. En sintonía con esta visión, el excandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, Camilo Salazar Restrepo, respaldó la idea al recordar cuánto daño han hecho el alcohol y las drogas a Colombia.
«Cómo así que no hay que castigar alcohol cuando más se tiene alcohol en la mercancía, ¿no sabe que es la droga que más produce muerte y daños en los sistemas presupuestales de salud?»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Menos alcohol en las personas y la sociedad es productivo y beneficioso para la vida.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«El ingreso que sobra en consumir menos alcohol no va al estado, sino a un mejor vivir de la familia.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Cuánto daño le ha hecho el alcohol y las drogas al país, especialmente cuando el consumidor es quien lo dirige.»
Camilo Salazar Restrepo, excandidato al Concejo de Medellín
La oposición ha cuestionado la falta de fundamentos en la declaratoria de emergencia, mientras el gobierno persigue un doble objetivo fiscal y de salud pública, aunque el sector gastronómico advierte que el impacto en empleos y negocios podría agravar la precariedad económica en Colombia, dejando en el aire si esta medida logrará equilibrar las cuentas sin profundizar desigualdades.
