El presidente Gustavo Petro defendió los bombardeos autorizados durante su gobierno y difundió un artículo de 2021 que cuestiona ataques con muertes de menores, en medio de un reciente operativo en Guaviare y de un debate reactivado sobre los límites operacionales. Las cifras oficiales señalan que desde el inicio de su administración se han autorizado 12 bombardeos, llevados a cabo mediante operaciones aéreas dirigidas contra estructuras armadas ilegales y enmarcadas en criterios del derecho internacional humanitario, con decisiones basadas en inteligencia. El análisis, elaborado por la organización Dejusticia, fue publicado el 25 de octubre de 2021; Petro lo compartió en su cuenta de X, con el crédito @petrogustavo/X. Las zonas afectadas se sitúan en el sur de Colombia, incluido Guaviare, y las operaciones se habrían llevado a cabo en 2019, 2021 y en septiembre de 2021, con un operativo reciente que mantiene activa la discusión pública.
Las cifras de víctimas entre menores son particularmente sensibles: 8 menores murieron en 2019, 3 en 2021 y 4 en septiembre de 2021, en distintos bombardeos, datos que alimentan el debate sobre la protección de menores reclutados por grupos armados y el costo humano de estas operaciones. Se mencionan estructuras armadas ilegales, disidencias de las FARC y organizaciones vinculadas al narcotráfico descritas como ejércitos privados del narcotráfico, actores contra los que se dirigen las misiones en las zonas del sur del país. En este marco, el análisis de Dejusticia plantea preguntas sobre si la utilización de la fuerza letal dirigida a combatientes puede considerarse legítima cuando conlleva la muerte de niños, niñas y adolescentes, y propone revisar lo que se entiende por éxito en operaciones de seguridad bajo el derecho internacional humanitario.
El dilema entre seguridad y derechos de la infancia
El documento citado, elaborado por Dejusticia, aporta una mirada crítica sobre la estrategia de defensa colombiana y sitúa en el centro del debate la protección de los menores reclutados por actores armados. La difusión del artículo por parte de Petro, que se produjo en la misma semana en que se registró el operativo en Guaviare, reabre una conversación nacional sobre cómo equilibrar la necesidad de desarticular grupos armados y minimizar las bajas civiles, especialmente las de menores, en contextos de violencia poselectoral.
«Esclarezcamos que pasa cuando mueren menores en la guerra, sin decir que son máquinas de guerra, un menor siempre es una víctima. ¿Cuándo es combatiente? Cuándo se comete un crimen de guerra según el DIH. ¿No queremos que menores mueran en la guerra? El camino es establecer inteligencia donde se puede pero en el fondo siempre es la paz» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«Tal vez debamos cambiar lo que entendemos por éxito, porque en la guerra el verdadero éxito no puede implicar la muerte de niños, niñas y adolescentes» – Dejusticia
«¿Es realmente exitosa, o quirúrgica, una operación en la que el Estado mata, intencionalmente, menores de edad?» – Dejusticia
En La Veintitrés Manizales, seguimos informando sobre estas tensiones entre la necesidad de defender la seguridad y la obligación de proteger a la infancia, especialmente en una nación que transita por una etapa poselectoral y zonas del sur donde operan grupos armados y estructuras vinculadas al narcotráfico. Este caso, que combina declaraciones oficiales, literatura analítica y datos de campo, promete mantener vivo el debate público sobre los límites éticos y legales de las operaciones militares en Colombia.
