El presidente de Colombia, Gustavo Petro, justificó las negociaciones con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, pese a las recientes revelaciones de Noticias Caracol sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este grupo, como el reclutamiento de menores y el asesinato de firmantes del acuerdo de paz. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (@petrogustavo), compuesto por once puntos, el mandatario respondió directamente a estas informaciones, enfatizando que el diálogo con grupos armados ilegales busca reducir la violencia en el país.
Petro cuestionó el propósito de las negociaciones al plantear abiertamente por qué se dialoga con un grupo armado ilegal, reconociendo que el bloque de Calarcá no está formado por «ángeles», pero insistiendo en que el objetivo principal es minimizar los daños a la sociedad colombiana, sin por ello aprobar o incentivar sus acciones violentas. Este pronunciamiento sacude el debate nacional sobre la política de Paz Total impulsada por su gobierno, especialmente porque las disidencias de Calarcá no firmaron el acuerdo de paz de 2016 durante la administración de Juan Manuel Santos.
Acusaciones de desinformación y contexto de las revelaciones
En su publicación, el jefe de Estado también acusó a ciertos medios de comunicación de desinformar al público, en un intento por contextualizar las críticas surgidas tras el reportaje de Noticias Caracol que expuso las actividades delictivas del grupo. Estas negociaciones forman parte de un esfuerzo más amplio por desmovilizar estructuras armadas y reducir los niveles de violencia en regiones afectadas, aunque las revelaciones han generado controversia sobre la viabilidad y ética de tales diálogos.
«¿Para qué se negocia con un grupo armado ilegal?»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«El grupo de ‘Calarcá’ no es de ángeles»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
La noticia sigue en desarrollo, mientras el país observa con atención cómo evoluciona esta estrategia de paz en medio de las tensiones generadas por las persistentes violaciones a los derechos humanos atribuidas a las disidencias, y el impacto que podría tener en la credibilidad de la política gubernamental.
