El presidente Gustavo Petro afirmó en X que su gobierno ha sido “una mancha en la historia” y recibió el abrazo “con amor” de pueblos nacionales y extranjeros, mientras la Fiscalía desarticuló una red de lavado de activos vinculada al ELN, acción posible gracias a la UIAF. Según la publicación, Petro defiende su gestión ante críticas, destacando logros sociales y la cooperación institucional para enfrentar delitos financieros en distintas regiones, y señala que entre los detenidos se encuentra un contratista con nexos en el Ministerio de Defensa; la operación se llevó a cabo en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá.
En los archivos difundidos se detallan 59 lingotes de oro valorados en más de 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo y 22.805 dólares, junto con libros de contabilidad incautados. Aunque el monto movido por la red durante aproximadamente 20 años asciende a unos 885.000 millones de pesos, los bienes incautados resultaron inferiores al monto inicial reportado de 70.000 millones. La investigación también evidenció movimientos a través de corresponsales por unos 685.000 millones de pesos, con depósitos principalmente de venezolanos que excedían los topes regulatorios.
Petro defiende su gestión ante la ofensiva de la Fiscalía y la desarticulación de una red de lavado
La acción, coordinada entre la Fiscalía y la UIAF, busca cortar la operatividad de una red que habría movido fondos opacos durante 20 años y que operaba en varias regiones del país, y subraya la colaboración institucional para combatir la financiación ilícita. En la lista de detenidos se incluye un contratista con vínculos directos en el Ministerio de Defensa, lo que añade un componente de alerta sobre la penetración de la corrupción en áreas sensibles de la administración pública.
«La justicia cojea, pero llega» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Este movimiento llega en un momento de debate nacional sobre la violencia y la gestión gubernamental, y podría influir en la percepción pública de la capacidad de las instituciones para combatir el lavado de activos. La cooperación entre la Fiscalía y la UIAF, articulada para operar en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá, envía un mensaje de que nadie está exento de rendir cuentas y de que la lucha contra la corrupción y el crimen financiero es una prioridad para el Estado.
