El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este domingo 30 de noviembre de 2025 en su perfil de X un entramado en el sector de vigilancia y seguridad privada al servicio del crimen organizado, basado en un informe interno elaborado por Yennifer Parra, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y actual directora de la Unidad Solidaria. En un mensaje extenso, Petro compartió datos reveladores sobre licencias, armas y profundas infiltraciones en estas empresas, ordenando de inmediato una investigación formal contra todas las compañías del sector tras una revisión exhaustiva de licencias otorgadas desde 1993 y un cruce de información con la Dijín. La denuncia surge en medio de una polémica desatada por un informe de Noticias Caracol que expuso cómo disidencias de las Farc, específicamente la facción de alias Calarcá, planeaban crear empresas fachada con el apoyo del general Juan Miguel Huertas y Wílmar Mejía, hechos confirmados por documentos de la Fiscalía y que llevaron a la Procuraduría a suspender a varios funcionarios.
El informe destaca que se han otorgado licencias de funcionamiento a 2.019 empresas de vigilancia, con 1.100 trámites realizados solo entre 2018 y 2022 para la creación de nuevas compañías y la entrega de armas de fuego. Actualmente operan 1.351 empresas activas, distribuidas en 810 de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores, mientras que 197 empresas inactivas reportan 62.664 armas sin certeza sobre su utilización ni ubicación actual. El año pasado se cancelaron 16 licencias por irregularidades, con investigaciones ya en manos de la Fiscalía. En Barranquilla, cinco empresas concentran 696 personas, 21 vehículos y 483 armas, y en Bogotá se suspendieron cuatro licencias por presunto lavado de activos.
Infiltraciones y armas ligadas al crimen
Petro enfatizó la gravedad de la situación al revelar que algunos números de serie de esas armas coinciden con armamento incautado en operativos policiales relacionados con homicidios, extorsión y porte ilegal, criticando a gobiernos anteriores por no esclarecer el destino de este arsenal. Entre las empresas ya judicializadas figuran Sara Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda., que operaban fachadas para expedir carnets a criminales como alias Terror del Clan del Golfo y alias Pichi Belén de La Oficina. En operativos en Barranquilla, se vincularon escoltas, socios y representantes legales de estas firmas a delitos como homicidios, extorsión y hurtos.
«Encontramos que se han otorgado licencias de funcionamiento para 2.019 empresas de vigilancia. Importante destacar que solamente entre 2018 y 2022, se realizaron 1.100 trámites para la creación de empresas de vigilancia y entrega de armas de fuego.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Por nuestra política de control, encontramos que hay 197 empresas inactivas reportando 62.664 armas respecto de las cuales no existe certeza sobre su utilización ni sobre su ubicación actual, situación que no le interesó a gobiernos anteriores esclarecer.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Algunos números de serie de esas armas coinciden con armamento incautado en operativos policiales relacionados con homicidio, extorsión y porte ilegal.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento porque fueron tramitadas irregularmente y las investigaciones están en manos de la Fiscalía.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Investigaciones formales en marcha
Como medida inmediata, el Gobierno ha dispuesto procesos administrativos y penales abiertos contra todas las empresas del sector, en un esfuerzo por desmantelar estas redes criminales infiltradas que representan un riesgo directo para la seguridad nacional. Esta denuncia presidencial pone en el centro del debate público el manejo laxo de licencias y armas en el sector privado desde hace décadas, exigiendo transparencia y control estricto para evitar que el crimen organizado siga operando bajo fachadas legales.
