Desde Manizales, La Veintitrés informa que el presidente Gustavo Petro anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional a Iván Mordisco, líder de una de las disidencias de las Farc, por reclutamiento de menores de edad para la guerra. La acción, que se ampara en crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma, no tiene una fecha específica de presentación según el material disponible.
Iván Mordisco dirige el EMC, el Estado Mayor Central, junto con otras disidencias de las Farc, y operan principalmente en zonas selváticas de la región amazónica, donde la presencia del Estado es débil y la violencia persiste en territorios de difícil acceso. El anuncio de Petro llega en un momento de tensiones crecientes entre las autoridades colombianas y estos grupos armados, y eleva la atención internacional sobre el uso de menores en el conflicto y las operaciones en áreas fronterizas con Venezuela.
La denuncia ante la CPI y el impacto internacional
Las cifras presentadas en el contexto de la noticia muestran una carga de violencia que golpea a comunidades y adolescentes en zonas de conflicto. En octubre de 2025, en Guaviare, se registraron 19 muertos en un bombardeo, siete de los cuales eran menores reclutados por los grupos armados. Entre agosto y noviembre de 2025, al menos 15 menores de edad perdieron la vida en operaciones militares. Estos datos alimentan el debate sobre la responsabilidad de las partes en el conflicto y la protección de los derechos de los niños en zonas de combate.
«Lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana, pues pudiera procesarlo, pero no ha podido» — Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«no queremos que se nos compare y se nos asigne como si hubiéramos violado el Derecho Internacional Humanitario que ninguno de aquí lo ha hecho» — Gustavo Petro, Presidente de Colombia
En síntesis, el anuncio de Petro no solo incrementa la presión internacional sobre Colombia, sino que abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional examine de forma más amplia los crímenes de guerra en el marco del Estatuto de Roma. El caso también sitúa el tema de las disidencias de las Farc y sus redes en un plano de mayor escrutinio global, al tiempo que aviva el debate sobre la legalidad de ciertas operaciones militares en la frontera con Venezuela y en la región amazónica, donde el conflicto se mantiene vivo pese a las diferentes propuestas de paz y desescalada.
