El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas por la tercerización de 800 nuevos cargos en Colpensiones mediante un contrato adjudicado a Falcon VI S.A.S., en medio de un incremento generalizado de más de 7.000 posiciones públicas a través de contratos de prestación de servicios. La controversia surgió durante la presidencia de Jaime Dussán en la entidad, que está en proceso de modernización por la reforma pensional, y ha sido señalada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, así como por el sindicato Sintracolpen y el especialista en gestión pública José David Castellanos.
El contrato inicial con Falcon VI S.A.S., una empresa creada apenas 10 meses antes de la adjudicación, tuvo un valor de 382 millones de pesos y se elevó hasta cuatro veces mediante seis otrosíes, utilizando la modalidad de invitación a un solo proponente para procesos de selección externa y promoción interna de cargos vacantes. Este esquema ha generado acusaciones de cuotas políticas y captura burocrática, con denuncias documentadas de irregularidades como fallas graves en pruebas, resultados inconsistentes, entrevistas discrecionales y decisiones judiciales que ordenan suspender procesos, en un contexto de reemplazo de personal experimentado por fichas políticas y contratos temporales en lugar de estables.
Explosivo aumento en contratos de prestación de servicios
En el ámbito nacional, los contratos de prestación de servicios han pasado de 11.851 puestos en 2022 a 18.685 en 2025, un salto de cerca de 7.000 cargos creados mediante formas discrecionales de contratación, según un análisis de 105.000 contratos en Secop I y II. Las cifras muestran un incremento total de 7,2 billones de pesos, de 12,1 billones en 2022 a 19,3 billones en 2025, con alzas por ministerio que incluyen 154% en Salud, 127% en Agricultura, 117% en Ambiente, 285% en Trabajo y un asombroso 1.985% en Cultura. Bajo el gobierno de Petro, el 34,5% de estos contratos supera los nueve meses de duración, comparado con el 45% en la administración de Iván Duque.
“Hay denuncias documentadas por irregularidades, fallas graves en las pruebas, resultados inconsistentes, entrevistas discrecionales e incluso decisiones judiciales que ordenan suspender procesos. Esto no es un error administrativo: es un riesgo estructural de captura burocrática y uso político del empleo público”
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá
El presidente Petro defendió la medida el sábado 24 de enero, argumentando que no se trata de nuevos empleos sino de la formalización de contratos existentes por mandato constitucional, para dar estabilidad a personas que trabajan en el Estado desde hace lustros. Sin embargo, críticos como Castellanos advierten sobre las implicaciones fiscales, incluyendo la mayor emisión de deuda externa de la historia por 4.950 millones de dólares en enero de 2026, que pagarán los colombianos con intereses, financiada además por endeudamiento y reservas.
“En solo tres años, la contratación de servicios pasó de 11.851 puestos a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados mediante distintas formas de contratación discrecional”
José David Castellanos, especialista en gestión pública
La polémica en Colpensiones se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión pública, donde el gobierno insiste en cumplir órdenes constitucionales, mientras opositores y expertos alertan sobre riesgos de politización y sobrecarga presupuestal en un momento clave para la entidad previsional.
“Aquí no hay nuevos empleos, como dice la prensa tradicional desinformadora; aquí cumplimos la orden constitucional de realizar a las personas que trabajan en el Estado, incluso desde hace lustros, sin estabilidad”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
