Durante el año 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se vio envuelto en un inédito número de órdenes judiciales que le exigían retractaciones y rectificaciones por sus declaraciones públicas en la red social X, dirigidas contra empresarios como Enrique y Germán Vargas Lleras, Hannah Escobar, Bruce Mac Master presidente de la Andi, la familia Gloria Lara de Echeverri, Joseba Grajales del Grupo Keralty, el fiscal Mario Burgos, la senadora Paloma Valencia, Luis Alberto Moreno ex presidente del BID y Roberto Moreno de Amarilo. Estos fallos, emitidos por instancias como el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y juzgados de Bogotá, surgieron de acciones de tutela presentadas por vulneración al honor y la presunción de inocencia, tras señalamientos sin pruebas que los tribunales consideraron exceder los límites de la libertad de expresión.
El fenómeno comenzó el 2 de enero, cuando Petro acusó a los Vargas Lleras de beneficiarse de contratos de la Nueva EPS por un desfalco de 5,5 billones de pesos en el sector salud, lo que derivó en una orden de retractación del Consejo de Estado el 15 de mayo, con insistencia en octubre por cumplimiento insuficiente. En marzo, el 26, arremetió contra la Andi y Bruce Mac Master calificándolos de «nazis» por «odio étnico» y defensa del «esclavismo», retractación del 24 de septiembre juzgada parcial. El 20 de abril mencionó una «red criminal» contra el progresismo; en junio de 2024, con fallo en 2025, implicó a un familiar de la familia Gloria Lara en un asesinato de 1982; el 25 de julio tildó de «criminales» a Keralty y Sanitas; en agosto llamó «narcofiscal» a Mario Burgos, con retractación parcial el 16 de octubre; el 24 de octubre vinculó a Paloma Valencia como cómplice de los 6.402 jóvenes asesinados en falsos positivos; y el 14 de diciembre cuestionó a los hermanos Moreno por corrupción, desafiando abiertamente la orden.
Casos de retractaciones parciales y presuntos desacatos
En varios de estos episodios, el mandatario publicó retractaciones en X que los tribunales calificaron de insuficientes, generando incidentes de desacato. Por ejemplo, ante la orden contra el fiscal Mario Burgos, Petro aclaró solo la presunción de inocencia pero mantuvo interrogantes sobre la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Pecci y el sospechoso Marset. Similarmente, contra los Vargas Lleras, enfatizó que sus palabras replicaban a otro actor político y apuntaban a gestiones de EPS, no a decisiones ministeriales sobre la UPC. Este patrón se repitió en fallos del Consejo de Estado, recurrente emisor de estas resoluciones, marcando un debate nacional sobre la responsabilidad del primer mandatario en sus expresiones políticas.
«Aclaro que dicha publicación fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Otros mensajes incluyeron defensas como la importancia de investigar amenazas independientemente de afinidades políticas, reconociendo el pluralismo democrático, o cuestionamientos persistentes pese a las órdenes judiciales. Este cúmulo de casos representa un fenómeno sin precedentes en la historia colombiana, con el presidente enfrentando más órdenes de este tipo que cualquier antecesor, avivando discusiones sobre los límites de la libertad de expresión presidencial y la necesidad de equilibrar el debate público con el respeto a la honra ajena.
«Lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto. Por tanto hoy se sunoresunción de inocencia pero sigue vigente mís interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal Paraguayo Pecci: el señor Marset (sic).»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
En un contexto de polarización política, estos litigios subrayan la tensión entre el rol combativo del Ejecutivo y las salvaguardas constitucionales, con el Consejo de Estado y otros tribunales reafirmando que ni siquiera el jefe de Estado está exento de rendir cuentas por afirmaciones que vulneren derechos fundamentales.
