El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó directamente a las congresistas Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, y Catherine Juvinao, de Alianza Verde, de utilizar denuncias sobre irregularidades en la obtención de títulos universitarios de la Fundación Universitaria San José con fines electorales de cara a las elecciones del Congreso programadas para el 8 de marzo de 2026. En publicaciones realizadas en su cuenta de X, Petro exigió disculpas públicas a las mujeres afectadas, muchas de ellas madres cabeza de familia y trabajadoras humildes, defendiendo el modelo de ciclos académicos legales que permite a estas personas avanzar en sus estudios de manera acelerada mientras compatibilizan sus responsabilidades laborales y familiares.
La polémica surgió a partir de denuncias impulsadas por Pedraza y Juvinao sobre supuestas irregularidades en títulos otorgados por la Fundación Universitaria San José, que habrían permitido a 24 personas acceder a contratos en 16 entidades nacionales, generando un costo para el país superior a los 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025. Entre los casos destacados se menciona a Juliana Guerrero, exfuncionaria que presuntamente pagó por su título de contaduría sin asistir a clases, y a un funcionario de la DIAN que se graduó de cuatro carreras en un solo día. Además, se reportó un aumento del 2.051% en la expedición de tarjetas profesionales para contadores públicos de esta institución, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles fraudes. Petro calificó estas acciones como una «enorme irresponsabilidad» que expone a 22 personas humildes, principalmente mujeres, al escarnio público por motivos políticos.
Acusaciones cruzadas en redes sociales
Desde su cuenta en X, el mandatario defendió la legalidad de los programas por ciclos en universidades privadas, que facilitan estudios rápidos para tecnólogos y carreras profesionales posteriores, una práctica común en el país que no se replica en las universidades públicas por limitaciones de horarios. En tanto, el Ministerio de Educación, a través del ministro Daniel Rojas, confirmó que el proceso de inspección contra la Fundación Universitaria San José ha avanzado a la etapa previa a la fase sancionatoria, con la emisión inminente de un pliego de cargos.
«Aquí hay una enorme irresponsabilidad de dos congresistas, que para hacer votos, cogieron 22 personas humildes, muchas mujeres, madres cabeza de familia con hijos menores, para demostrar servicio y odio contra el gobierno, con ellas en la prensa».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Para sacar votos no deben destruir trabajadoras. Espero de estas congresistas una disculpa pública con las mujeres trabajadoras de Colombia».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Las congresistas opositoras al gobierno de Petro, particularmente a su fallida reforma a la salud, respondieron con vehemencia. Pedraza arremetió contra el presidente por defender a Guerrero, a quien acusó de no haber pisado un salón de clases en la San José y de comprar sus títulos, exigiendo disculpas a la gente honesta y criticando su inclusión en el Consejo Superior de la Universidad Popular del César.
«Juliana Guerrero no pisó UN SALÓN ni vio una clase en la San José, ¡COMPRÓ SUS TÍTULOS! Discúlpese usted con la gente honesta que sí estudia para salir adelante, para que usted le entregue puestos a tramposas. Y peor, discúlpese con la U. Popular del César por ponerle a una corrupta como Juliana en su Consejo Superior».
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara
«Presidente, la Sra. (Nelly) Melo no registra la prueba TyT, sin la cual no podía obtener el título de tecnóloga. Y la prueba Saber Pro de sus dos títulos profesionales fue presentada después del grado, algo ilegal».
Catherine Juvinao, congresista de Alianza Verde
Este intercambio de acusaciones en redes sociales pone de manifiesto la creciente tensión política entre el Ejecutivo y la oposición, en un contexto donde las denuncias sobre Nelly Melo, quien carece de la prueba Saber TyT y presentó Saber Pro posterior a su graduación, alimentan el debate sobre la validez de títulos que habilitan contrataciones públicas. Mientras el Ministerio de Educación avanza en las sanciones, la discusión pública subraya las divisiones ideológicas que marcan el panorama previo a las elecciones legislativas.
