El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes 29 de diciembre el salario mínimo para 2026, fijado en 1.750.905 pesos más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un total de dos millones de pesos, representando un incremento del 23,7 por ciento respecto al año anterior. Esta decisión gubernamental busca mejorar los ingresos de los trabajadores, pero ha generado inmediatas críticas desde el sector sindical, particularmente de Jorge Iván Diez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien cuestionó sus efectos adversos en la economía, el empleo y los grupos más vulnerables del país.
El anuncio presidencial contrasta con el salario mínimo de 2025, que asciende a 1.423.500 pesos más subsidio de transporte, totalizando 1.623.500 pesos. Diez, a través de un video publicado en su cuenta de X, alertó sobre las implicaciones negativas para los 2,5 millones de trabajadores que devengan el mínimo legal, así como para los 13,5 millones en la informalidad, los pensionados y los empleados sindicalizados en empresas, además de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Críticas por impactos en empleo y vulnerables
La CGT Democrática e Independiente, liderada por Diez, sostiene que aunque el aumento beneficia directamente a los 2,5 millones de asalariados mínimos, el alza en el costo de vida durante 2026 los perjudicará nuevamente, ya que los precios de bienes y servicios tenderán a ajustarse al nuevo salario mínimo en lugar de la inflación. Esto agravaría la brecha económica para un amplio grupo de pensionados, cuyo incremento se basa solo en la inflación y no en el salto del mínimo legal, empobreciéndolos aún más. Asimismo, los trabajadores sindicalizados no verán reflejado este nivel de aumento en sus convenciones colectivas, que probablemente queden por debajo del diez por ciento.
«La CGT Democrática e Independiente considera que el aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, aunque busca mejorar ingresos, generará impactos negativos en la economía y en la estabilidad laboral: Bien por los 2,5 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo legal, pero igual, el costo de vida en el 2026 los perjudicará».
Jorge Iván Diez, presidente de la CGT
Diez enfatizó las repercusiones en la informalidad y las Pymes, donde la estabilidad laboral podría verse amenazada por posibles pérdidas de empleo. Calificó el incremento como populista y abogó por medidas integrales que prioricen la protección del empleo, la formalización laboral y la sostenibilidad empresarial.
«Trece coma cinco millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad no devengarán el salario mínimo legal».
Jorge Iván Diez, presidente de la CGT
«Y también las implicaciones negativas para un grupo muy amplio de pensionados de Colombia que tendrán un incremento de salario basado en la inflación y no en el incremento del mínimo legal. Luego, la brecha para los pensionados va a ser mucho más amplia y se van a empobrecer aún más».
Jorge Iván Diez, presidente de la CGT
«Los trabajadores sindicalizados en las empresas tampoco contarán con un incremento de salario mínimo en estos niveles. Todas las convenciones colectivas, sin duda alguna estarán por debajo del diez por ciento, o sea que no los impactará positivamente».
Jorge Iván Diez, presidente de la CGT
«El incremento es populista. Nuestra posición es clara: se requieren medidas integrales que protejan el empleo, la formalización laboral y la sostenibilidad empresarial, evitando que decisiones desbordadas terminen afectando a quienes más necesitan estabilidad, los trabajadores. Sobretodo los que están en las pequeñas y medianas empresas».
Jorge Iván Diez, presidente de la CGT
Esta polémica surge en un contexto donde el salario mínimo impacta directamente la dinámica económica colombiana, afectando no solo a los trabajadores formales sino a la mayoría informal y a sectores clave como las Pymes, con riesgos de inflación inducida y desequilibrios laborales que podrían profundizarse en el próximo año.
