El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento del 23,7 por ciento en el salario mínimo para 2026, fijándolo en dos millones de pesos mensuales, una medida que ha encendido las alarmas entre los gremios empresariales como Asomicrofinanzas y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), liderada por María Elena Ospina. Esta decisión, tomada tras una negociación infructuosa en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se basa en el concepto de “salario vital” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinado a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, e incluye un subsidio de transporte de 249.095 pesos.
La cifra aprobada supera con creces las propuestas iniciales de las partes involucradas: los sindicatos pedían un 16 por ciento y los empresarios un 7,21 por ciento, alineado con la inflación anual del 5,3 por ciento. El salario vital calculado asciende a 1.750.905 pesos, pero el gobierno optó por un incremento mayor, lo que genera preocupación por su impacto en la economía nacional, especialmente en un contexto donde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 99 por ciento de las compañías colombianas, generan el 79 por ciento del empleo formal y aportan el 40 por ciento del PIB.
Alertas por cierres de negocios y mayor informalidad
Los gremios empresariales advierten que este sobrecosto laboral podría provocar cierres masivos de negocios, recortes de operaciones, despidos y un aumento de la informalidad, particularmente en las mipymes que constituyen más del 90 por ciento del tejido empresarial nacional según Acopi, y en zonas rurales dependientes de unidades productivas pequeñas. La medida, que ignora la productividad real de la economía y la capacidad de pago de las empresas, compromete la viabilidad financiera de miles de empresarios en una situación ya frágil.
«Esta medida tendrá una afectación significativa tanto en los negocios formales como en los informales, al elevar de manera considerable los costos laborales y operativos que deben asumir los micronegocios y las mipymes».
Asomicrofinanzas
«Incrementa de forma acumulada las cargas prestacionales, los aportes a la seguridad social y otros costos asociados, comprometiendo su viabilidad financiera […] este sobrecosto genera un desincentivo claro para la formalización, llevando a que micronegocios que estaban en procesos de transición hacia la formalidad opten por permanecer en la informalidad o retroceder en los avances logrados».
Asomicrofinanzas
Acopi califica la decisión como irresponsable y politiquera, priorizando intereses ideológicos sobre criterios técnicos y el diálogo social en la comisión de concertación.
«Este aumento no guarda coherencia con la productividad real de la economía, la capacidad de pago de las empresas ni la frágil situación financiera que enfrentan miles de empresarios […] Resulta especialmente grave que el Gobierno haya optado por una decisión irresponsable y politiquera, priorizando intereses ideológicos sobre criterios técnicos y desatendiendo el espíritu de diálogo social que debe regir la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales».
Acopi, liderada por María Elena Ospina
Con este decreto, el gobierno busca garantizar un ingreso digno, pero los sectores productivos temen un efecto dominó que agrave la informalidad y afecte el empleo en regiones vulnerables, según las declaraciones de Asomicrofinanzas y Acopi.
