El presidente Gustavo Petro anunció un impuesto temporal al patrimonio para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, equivalente a aproximadamente 10.454.000 pesos, mediante un decreto de emergencia económica y climática. La medida busca recaudar ocho billones de pesos para enfrentar los daños causados por la ola invernal que ha afectado ocho departamentos y 61 municipios en Colombia, dejando un saldo de 10 fallecidos, más de 4.100 viviendas destruidas y perjuicios en escuelas y centros de salud. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, liderará la firma del decreto 0173 de 2026, prevista para el 26 de febrero, con la obligación tributaria naciendo cinco días después de su publicación y pagos programados para el 1 de abril y el 4 de mayo.
Esta iniciativa, con vigencia asociada al periodo fraccionario del año gravable 2026 y causación instantánea, responde a la declaración de emergencia por las intensas lluvias, pero ha generado fuertes críticas de expertos como Lisandro Junco, exdirector de la Dian, y Christian Quiñonez, exsubdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian y socio fundador de Clavertax Assessment, quienes cuestionan su legalidad y rigor técnico-jurídico.
Críticas por inconstitucionalidad y falta de precedentes
Los especialistas advierten que el impuesto viola el artículo 338 del Estatuto Tributario al establecer una causación instantánea y un periodo fraccionario sin precedentes en la historia fiscal del país, donde nunca se había creado un tributo con obligación a solo cinco días de su publicación ni para una fracción de año. Quiñonez enfatizó que esta medida carece de cualquier bondad tributaria y representa la gota que colma el vaso en cuanto a dudas constitucionales, similar a decretos previos cuestionados por la Corte Constitucional.
«De bueno, el impuesto al patrimonio no tiene nada»
Christian Quiñonez, exsubdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian
El experto detalló que las empresas afectadas, principalmente en los sectores financiero y extractivo, enfrentarán un gasto imprevisto de gran magnitud que no tenían proyectado, lo que inevitablemente se trasladará a los consumidores mediante incrementos en los precios de productos bancarios y generará inseguridad jurídica para las inversiones.
«Eso nunca había ocurrido, que un impuesto se creara como fracción de año»
Christian Quiñonez, exsubdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian
«Crean un impuesto hoy y en cinco días ya estás obligado a eso. Nunca se había creado un impuesto para que se naciera o se creara su obligación a los cinco días de creado»
Christian Quiñonez, exsubdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian
Esta controvertida decisión podría someterse a revisión por la Corte Constitucional, con riesgo de suspensión, en un contexto donde el gobierno busca recursos urgentes para la reconstrucción, pero a costa de cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica y económica.
«De hecho, me parece que si antes había dudas por parte de la Corte Constitucional frente a los decretos que habían salido sobre si jurídicamente era viable, si eran constitucionales, creo que este ya es la tapa. Eso es un montón de dinero, es un gasto que no tienen contemplado, que no tienen proyectado y que de una u otra forma también va a afectar a los consumidores. Por ejemplo, en el sistema financiero, un gasto de esos lleva a que los productos se incrementen»
Christian Quiñonez, exsubdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian
