El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el Decreto 0226 de 2026, mediante el cual se modifican los requisitos y el procedimiento para el nombramiento de los superintendentes de Industria y Comercio, Financiera de Colombia y de Sociedades. Esta medida busca armonizar las normas con las reglas generales aplicables a los cargos directivos estatales, priorizando un criterio de confianza cualificada y una formación profesional general, en lugar de exigencias específicas por sector.
Los requisitos previos, establecidos en 2015 e inspirados en recomendaciones de la OCDE, demandaban un título universitario, posgrado o maestría en áreas afines, además de diez años de experiencia profesional relacionada o como docente universitario. Ahora, el decreto elimina estas condiciones particulares y adopta la tabla general de empleos directivos estatales: como mínimo, se requiere un título profesional y doce meses de experiencia profesional; para el grado 25, una maestría más setenta y dos meses de experiencia profesional, o una especialización junto con ochenta y cuatro meses de experiencia laboral. Estos cambios impactan directamente la supervisión de sectores económicos clave como la competencia, el consumidor, el financiero y las sociedades.
Nuevo procedimiento de selección
En el procedimiento, la convocatoria pública deja de ser un paso obligatorio para convertirse en una facultad discrecional del presidente, quien podrá solicitar opiniones no vinculantes de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, así como realizar entrevistas. El decreto precisa que estas opiniones no tendrán carácter vinculante sobre la decisión final, enfatizando la discrecionalidad presidencial en la elección de funcionarios de confianza.
«exigen un criterio de confianza cualificada y requisitos de formación»
Decreto 0226 de 2026
«la convocatoria abierta pasa de ser un paso previo obligatorio a una facultad discrecional»
Decreto 0226 de 2026
La norma, publicada por el Gobierno de Colombia y reportada por Colprensa, afecta a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades, simplificando el acceso a estos cargos directivos al eliminar barreras de experiencia extensa y posgrados específicos, en línea con las políticas generales de la Función Pública.
