El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el 23 de abril una directiva que establece la vocería principal y oficial del Gobierno nacional en la Presidencia, condicionando las declaraciones de ministros y altos cargos a una autorización previa. Esta medida, remitida a ministerios, direcciones de departamentos administrativos y entidades adscritas o vinculadas, busca garantizar coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en las comunicaciones públicas del Ejecutivo en Colombia.
De acuerdo con la directiva, los ministros quedan limitados a tratar asuntos exclusivos de sus carteras, siempre con autorización previa y alineados a las posiciones presidenciales. Los altos cargos, como directores, gerentes y presidentes de entidades, no podrán fijar posiciones políticas sin el visto bueno correspondiente, mientras que las comunicaciones de impacto deben coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia. Todo ello con el fin de evitar contradicciones, desinformación o cualquier afectación a la confianza ciudadana.
Contexto de tensiones políticas
La directiva se conoció a través de la Revista Semana, en medio de una coyuntura marcada por tensiones políticas internas y efervescencia electoral, tras una entrevista con Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, quien denunció la existencia de una “red criminal” en la Casa de Nariño. Esta revelación ha intensificado el debate sobre la centralización de las vocerías y la autonomía de los ministros en el Gobierno.
«La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el presidente de la República»
Directiva firmada por Gustavo Petro, Presidente de la República
La medida ha generado controversia al cuestionar el grado de libertad que tendrán los funcionarios para expresarse públicamente, en un momento en que el Ejecutivo enfrenta escrutinio por sus dinámicas internas y la necesidad de un mensaje unificado ante la opinión pública colombiana.
