El presidente Gustavo Petro firmó el 21 de noviembre de 2025 una resolución ejecutiva que reconoce oficialmente como negociador de paz a Sadid Darío Rojas, conocido como alias Samir, miembro del frente 36 de las disidencias de las Farc. Esta decisión se da en el contexto de la petición realizada por los bloques disidentes Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes, tras la división del Estado Mayor Central de las Farc, y busca ampliar los canales de diálogo, promover la desmovilización y lograr un cese de hostilidades en el nororiente antioqueño, específicamente en Antioquia.
Alias Samir, quien también está vinculado al comandante del frente Carolina Ramírez, Danilo Alvizú, figura en las investigaciones por el ataque al helicóptero Black Hawk ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, Antioquia, que dejó un saldo trágico de 13 policías muertos. Por este atentado, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de los responsables, y emitió un comunicado a través de su embajada en Bogotá. A pesar de que el ELN asumió la autoría del ataque, las autoridades colombianas apuntan al frente 36 de las disidencias de las Farc, en medio de una disputa territorial con alias Calarcá.
Operaciones y controversia en Antioquia
El reconocido negociador opera en al menos una docena de municipios de Antioquia, incluyendo Campamento, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia y Cáceres, donde la fuerza pública ha reportado acciones específicas en Anorí y Amalfi para su detención, dado que mantiene órdenes de captura vigentes. La resolución otorga a los negociadores garantías limitadas de desplazamiento y protección bajo supervisión multilateral, pero genera una fuerte controversia por los nexos de alias Samir con el Estado y sus antecedentes delictivos, avivando inquietudes entre víctimas del ataque y autoridades locales sobre posibles escenarios de impunidad.
Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno Petro por avanzar en procesos de paz con las disidencias, en un contexto de divisiones internas y violencia persistente en regiones como el nororiente antioqueño, donde los diálogos buscan no solo el cese de hostilidades, sino una transformación estructural en zonas de alta conflictividad.
