Petro oficializa inversión forzosa de depósitos bancarios en sectores prioritarios en Bogotá

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó este jueves 22 de febrero la propuesta para reactivar la inversión forzosa en los bancos, con el fin de destinar los ahorros de los colombianos a sectores estratégicos como el agropecuario, en medio de una reunión formal programada para este viernes 23 de febrero en Bogotá. La iniciativa, impulsada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca asignar un porcentaje de los depósitos a prioridades como la emergencia climática, la ola invernal, la transición energética y la seguridad alimentaria, mediante un decreto que obligaría a las entidades financieras a canalizar recursos hacia compra de títulos de deuda pública o créditos subsidiados, junto con una transferencia gradual de la cartera sustitutiva hacia la banca pública.

Esta medida afectaría a unos 38 millones de titulares de depósitos, como cuentas de ahorro y certificados de depósito a término (CDT), generando una recaudación inmediata de 8 billones de pesos y hasta 35 billones a mediano plazo. Actualmente, el 92 por ciento de la cartera sustitutiva está controlada por la banca privada, y la canalización se realizaría a través de entidades como Bancóldex y Findeter con tasas compensadas, priorizando títulos de desarrollo agropecuario (TDA) para pequeños productores en tierras fértiles, en contraste con usos pasados en ganadería amazónica y agrocombustibles.

Impactos estimados y críticas del sector financiero

Los analistas proyectan que la reactivación de esta inversión forzosa, implementada en Colombia desde 1962 para sectores como agricultura, vivienda y turismo, podría elevar las tasas de colocación entre 50 y 100 puntos básicos, aumentar los tipos de interés en 45 puntos porcentuales, reducir el crédito en 90 décimas y restar tres décimas al crecimiento del PIB, al limitar la intermediación financiera y encarecer los préstamos para los colombianos.

«la inversión forzosa es ley desde 1962, y no toca a los ahorradores. Jamás un ahorrador sabe qué hacen los banqueros con su ahorro»

Gustavo Petro, presidente

«Quiero devolver ese derecho a la banca pública y eso no toca a los ahorradores para mal. Solo restituye el sentido de la ley, y lo hace para bien del país»

Gustavo Petro, presidente

El presidente Petro justificó la propuesta argumentando que gran parte del ahorro previo se destinó a créditos para ganadería en la selva amazónica, contribuyendo al lavado de dólares y la destrucción del tercer pilar climático del planeta, y enfatizó la necesidad de reorientar recursos hacia una agenda de protección ambiental y transición energética.

Rechazo del gremio bancario y expertos

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que una medida así termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no necesariamente garantiza un mayor crédito en los sectores que se desean impulsar. Por su parte, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, recordó que las inversiones forzosas se utilizaron por muchísimos años en Colombia y lo que nos enseñó es que impedía ese proceso de intermediación, que es muy importante.

«la mayor parte del ahorro, en la inversión forzosa a través de la cartera sustitutiva, se llevó a créditos para ganadería en la selva amazónica, ayudando al lavado de dólares y a destruir el tercer pilar climático del planeta»

Gustavo Petro, presidente

«una medida así termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no necesariamente garantiza un mayor crédito en los sectores que se desean impulsar»

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria

«las inversiones forzosas son un instrumento que en Colombia se utilizó por muchísimos años y que lo que nos enseñó es que impedía ese proceso de intermediación, que es muy importante»

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad

La discusión en Bogotá este viernes marcará el pulso entre el Ejecutivo y el sector financiero, en un contexto de tensiones por el cambio en prioridades económicas que busca priorizar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental sobre modelos pasados criticados por el Gobierno.

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