El presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio del Trabajo inspeccionar las bombas de distribuidores de gasolina para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector y adoptar medidas más estrictas para evitar que la gasolina producida por la nación termine en manos del narcotráfico. La decisión, anunciada a través de mensajes difundidos en la red social X, cuenta con el respaldo del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y se alinea con la defensa de la agenda de gobierno para reforzar el control sobre las estaciones de servicio distribuidas a nivel nacional.
La autoridad indicó que se implementarán inspecciones de las bombas de distribuidores y se buscará prevenir desvíos hacia el narcotráfico, junto a llamados a fortalecer la lucha contra ese flagelo y a reducir subsidios a quienes poseen camionetas lujosas. Los actores oficiales citan informes de la Contraloría General de la República y datos de ACP para sustentar la estrategia, además de situar el debate en el marco del destino del combustible nacional y del incremento de importaciones para cubrir la demanda interna. En esa línea, la Contraloría advierte que entre el 4% y el 12% de la gasolina distribuida podría estar en manos de estructuras criminales, lo que implica pérdidas millonarias en impuestos; ACP señala además que el 39% de la gasolina consumida en Colombia es importada.
Gobierno refuerza vigilancia y alinea discurso con la agenda de cambio
«Cero gasolina para el narco» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
El ministro Edwin Palma publicó en X que la cifra de favorabilidad del presidente Petro, que según él alcanza el 44%, ha generado inquietud entre sectores conservadores y privilegiados del país.
«el 44 % de favorabilidad del presidente Petro tiene aterrorizados a los sectores más conservadores y privilegiados del país» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
Palma respondió a críticas de gremios como la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (ComceColombia) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetroleo), llamando a luchar contra el narcotráfico y a desmontar subsidios a quienes, dice, cuentan con camionetas lujosas a diésel pagadas por los más pobres, con el objetivo de dignificar la vida de los trabajadores que cada día abastecen de combustibles a la ciudadanía. Estas declaraciones forman parte de un tono de confrontación con ciertos sectores frente a la agenda social y económica de cambio promovida por el gobierno.
«Noten la reacción a la cifra de algunos agremiados de Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (ComceColombia) y Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetroleo), gremios de distribuidores minoristas de combustibles. Cuando las encuestas no los favorecen, solo les queda el chiflido, la intolerancia y la patanería» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
Adicionalmente, Palma invitó a luchar contra el narcotráfico, desmontar subsidios a quienes viajan en camionetas de alto consumo diésel y dignificar la vida de los trabajadores que dependen de los combustibles para su labor diaria, argumentando que este tipo de postura incomoda a ciertos privilegiados pero forma parte de la agenda de cambio que busca transformar la conciencia social y fortalecer la legitimidad del programa de gobierno.
«Invitarlos a luchar contra el narcotráfico, desmontar los subsidios a quienes como ellos tienen camionetas lujosas a diésel que pagan los más pobres y dignificar la vida de tantos trabajadores que nos tanquean de combustibles todos los días, les parece incomodidad a sus privilegios» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
«Me siento orgulloso que defender nuestro programa de gobierno les incomode a algunos privilegiados. Por fortuna no son todos. La agenda del cambio ha transformado también la conciencia social. Si saben cómo soy, para qué me invitan» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
En el contexto de antecedentes, el debate sobre el destino del combustible nacional se ha intensificado ante las alertas de la Contraloría sobre el posible acceso de estructuras criminales al combustible y el crecimiento de las importaciones, con ACP señalando que 39% de la gasolina consumida en Colombia es importada. Las medidas anunciadas podrían traducirse en cambios operativos para la red de distribución, un refuerzo de los controles laborales, posibles efectos sobre subsidios y precios, y una mayor presión fiscal para frenar el uso ilícito del combustible. Todo ello se produce en un momento en que el país busca equilibrar seguridad, justicia y sostenibilidad económica bajo la guía de la agenda de cambio.
