El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un presunto acaparamiento coordinado de medicamentos y anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional una investigación por considerar este hecho como un delito de lesa humanidad. A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que la ciudad con mayor acaparamiento es Medellín y afirmó que los datos de la Policía Nacional documentan la retención sistemática de medicamentos que no son entregados a los usuarios, una práctica que atribuyó a empresas privadas del sector salud con el propósito de frenar la reforma sanitaria impulsada por su gobierno.
Según las cifras presentadas por Petro, la Policía Nacional incautó más de 6 millones de unidades de medicamentos el año pasado y más de 3 millones en lo que va de este año, luego de una orden presidencial para intensificar los operativos. El mandatario subrayó que la evidencia policial demuestra una actividad criminal orquestada y que el acaparamiento está completamente comprobado. Además, citó datos del observatorio Así Vamos en Salud, que reporta el cierre de más de 4.000 consultorios clínicos en Colombia durante los últimos cinco años, un fenómeno que atribuyó a la gestión de las EPS, las cuales concentrarían los recursos en clínicas de sus propios dueños privados.
Acusaciones contra el sistema privado de salud
Petro señaló directamente a las empresas privadas de salud como responsables de lo que calificó como un delito de lesa humanidad. En sus declaraciones, afirmó que entre las ocho peores EPS de las 17 existentes en el país, solo dos son privadas intervenidas, según datos de quejas y reclamos. El presidente también aseguró que «en Bogotá caen IPS —consultorios, clínicas y hospitales— porque no les pagan las EPS», y agregó que «acaparan los medicamentos para que no haya apoyo a la reforma a la salud, mientras el dueño de una EPS compra congresistas para frenar la reforma».
«La existencia de acaparamiento coordinado de medicamentos para no entregarlos a los usuarios está completamente comprobado por los datos de la policía nacional a través de sus acciones».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Esta criminalidad de empresas de la salud privadas es un delito de lesa humanidad y debe ser investigada por la justicia internacional sobre crímenes contra la humanidad».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El mandatario afirmó que tiene la potestad normativa para pedir el inicio de esa investigación internacional ante la CPI y que lo hará. Asimismo, instruyó a la Policía Nacional para que «asegure una labor diaria y permanente en todos los municipios de Colombia para detectar más acaparamiento e incautar las medicinas que son acaparadas». La denuncia se da en medio del intenso debate sobre la reforma a la salud promovida por el Ejecutivo, que Petro defiende como una política sanitaria con enfoque preventivo, asegurando que ha logrado reducir la mortalidad infantil y aumentar el acceso a agua potable. Tradicionalmente se consideraba insuficientes los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero según el presidente, los datos policiales demostrarían una actividad criminal detrás del desabastecimiento.
