El presidente Gustavo Petro anunció una denuncia penal por prevaricato contra el magistrado Juan Enrique Bedoya, ponente del Consejo de Estado, tras la suspensión del traslado anticipado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones. Sin embargo, el docente jurídico de la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad de la Sabana, Edwin Cháves, advirtió que, aunque formalmente es viable presentar tal denuncia, es improbable que prospere, según su análisis compartido en un diálogo con Infobae Colombia.
El conflicto surge porque el Consejo de Estado, con sede en Colombia, decidió suspender el traslado de cerca de cinco billones de pesos correspondientes a afiliados ya pensionados, parte de un movimiento total que supera los 25 billones de pesos, impulsado por el Gobierno nacional para centralizar estos recursos en Colpensiones. Petro, a través de su cuenta en la red social X, expresó su desacuerdo con la sentencia del magistrado Bedoya, argumentando que favorece a los banqueros en detrimento de los trabajadores y la ley vigente.
El prevaricato según expertos
Edwin Cháves explicó que el prevaricato, tipificado en el artículo 413 del Código Penal, se configura cuando un servidor público, ya sea judicial o administrativo, emite una resolución manifiestamente contraria a las disposiciones jurídicas aplicables, a sabiendas de esa contradicción. No obstante, enfatizó que no toda interpretación errónea de la ley constituye este delito, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que requiere una intención deliberada y una decisión claramente opuesta a la norma.
«Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Cháves precisó que la denuncia penal implica poner en conocimiento de posibles hechos delictivos, pero su éxito depende de pruebas sólidas. Los magistrados del Consejo de Estado no gozan de inmunidad, aunque cuentan con fuero constitucional: cualquier investigación debe pasar por el Congreso y el juzgamiento recae en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
«La denuncia consiste en la puesta en conocimiento de hechos que podrían revestir las características de un delito. El prevaricato es un tipo penal previsto en el artículo 413 del Código Penal, que se configura cuando un servidor público, judicial o administrativo, en ejercicio de sus funciones, profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a las disposiciones jurídicas aplicables, pese a conocer dicha contradicción.»
Edwin Cháves, docente de la Universidad de la Sabana
«Desde el punto de vista formal, es posible presentar una denuncia penal contra un magistrado del Consejo de Estado; sin embargo, una cuestión distinta es establecer si dicha denuncia tendría posibilidades reales de prosperar.»
Edwin Cháves, docente de la Universidad de la Sabana
Esta polémica pone en el centro del debate la tensión entre el Ejecutivo y la alta corte contencioso-administrativa, destacando los límites del poder presidencial frente a decisiones judiciales independientes en materia de pensiones y recursos públicos.
