El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional reactivar el Decreto Legislativo 1390 de 2025 de emergencia económica, suspendido previamente por el alto tribunal, ante el agravamiento de la crisis humanitaria en los departamentos de Córdoba y Sucre, en el Caribe colombiano. Esta petición se formalizó mediante una carta dirigida a las magistradas y magistrados de la Corte, en respuesta a la intensificación de la situación en las últimas semanas, provocada por un frente frío de origen ártico acompañado de lluvias intensas sin precedentes en la región.
La tragedia ha dejado un saldo devastador, con 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas, cerca de 300.000 personas afectadas y más de 35.000 hectáreas productivas inundadas, comprometiendo el sustento alimentario de miles de hogares. El Gobierno Nacional, que acató la suspensión del decreto ordenada por la Corte Constitucional, ahora argumenta que la magnitud de esta emergencia supera cualquier escenario razonable de anticipación, con informes técnicos que anticipan la llegada de un nuevo frente frío.
Una crisis sin precedentes en el Caribe
La situación en Córdoba y Sucre no corresponde a una evolución previsible de los riesgos climáticos habituales, sino a un fenómeno extremo que el Ejecutivo describe como imprevisible en su magnitud, simultaneidad e impacto humano. El documento oficial del Gobierno Nacional califica esta emergencia como una que ya está cobrando vidas, subrayando la urgencia de medidas excepcionales para enfrentar las inundaciones que han arrasado con infraestructuras y cultivos esenciales.
“Lo que enfrenta Colombia en este momento supera cualquier escenario razonable de anticipación: no se podía prever ni su magnitud, ni su simultaneidad, ni el impacto humano que hoy se constata”
Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia
“Una emergencia que ya está cobrando vidas”
Documento del Gobierno Nacional
Esta solicitud representa un giro crucial en la gestión de la crisis, donde el Ejecutivo busca herramientas legales para agilizar respuestas humanitarias y económicas, en un contexto donde la reactivación del decreto podría permitir intervenciones rápidas para mitigar daños que continúan escalando en el Caribe colombiano.
