El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de la empresa Air-e y planteó la creación de una nueva empresa pública en el Caribe con sus activos, una decisión que generó una reacción inmediata por parte de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que calificó la medida como “irresponsable e ilegal”. El anuncio, realizado a través de su cuenta de X, se produce tras casi dos años de intervención estatal, un periodo en el que la situación financiera de la compañía se agravó considerablemente. Según el mandatario, su propósito es que los activos de Air-e “configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, y propuso además que el Congreso habilite a Ecopetrol para generar energía eléctrica para el público. Air-e, que representa cerca del 12% de la demanda nacional de energía, presta servicio de distribución y comercialización en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde atiende a más de 1,3 millones de hogares.
Las cifras de un fracaso anunciado
La intervención del Gobierno, iniciada en septiembre de 2024 y que acumula más de 20 meses bajo control estatal, no logró contener el deterioro financiero de la compañía. De acuerdo con datos de Andeg, la deuda de Air-e con el sector eléctrico pasó de 560.000 millones de pesos al momento de la intervención a cerca de 2,5 billones de pesos durante la administración estatal. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, señaló que “no hay estados financieros en tres años” y que Air-e pierde entre 150.000 y 200.000 millones de pesos al mes. La gravedad de la situación había sido advertida por gremios y organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, que alertaron sobre un “apagón financiero”. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la intervención como un fracaso y advirtió que una eventual liquidación podría precipitar un efecto dominó en el mercado eléctrico, especialmente en temporada de alta demanda por el fenómeno de El Niño, afectando a 1,2 millones de usuarios.
Reacciones de los gremios
“Liquidar la compañía requiere primero honrar esas deudas. De lo contrario, sería un desfalco a los acreedores”
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
Castañeda fue enfático al afirmar que “sería como no pagar”, y explicó que la salida adecuada no era la liquidación, sino fondear el fondo empresarial de la Superintendencia para cubrir las obligaciones pendientes. Desde la asociación señalaron que las empresas distribuidoras de energía del Estado son pequeñas y no tienen capacidad para asumir una compañía que pierde entre 150 mil y 200 mil millones de pesos al mes. Por su parte, el presidente Petro destacó que el programa Colombia Solar tiene 8 billones de pesos aprobados en vigencias futuras para expandirse en la región Caribe, una estrategia que busca fortalecer el suministro energético en la zona. Sin embargo, la propuesta de liquidación reabre el debate sobre la continuidad del servicio, las deudas acumuladas y la estabilidad financiera del sector, mientras han pasado al menos seis agentes interventores en menos de dos años, según denunció Castañeda.
La decisión presidencial, sustentada en la profunda crisis financiera de la empresa, enfrenta ahora el desafío de garantizar que más de 1,3 millones de hogares en la Costa Caribe no se queden sin operador, mientras se resuelven las millonarias acreencias que podrían derivar en un desfalco a los acreedores. La Contraloría y la Procuraduría, que ya habían advertido sobre la asfixia presupuestal y la ineficacia administrativa en las entidades intervenidas, observan con atención el desarrollo de una situación que pone en riesgo la continuidad del servicio eléctrico en una de las regiones más pobladas del país.
