El presidente Gustavo Petro ha propuesto un «salario digno» de 3.000.000 pesos para el salario mínimo legal vigente en 2026, durante las negociaciones que iniciarán en la segunda semana de diciembre de 2025 en la mesa de concertación salarial de Colombia. Esta iniciativa, impulsada por el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, busca basarse en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo en lugar de la fórmula tradicional que combina inflación más productividad, lo que ha generado un intenso debate entre el Gobierno, los gremios como Andi, Fenalco y Acopi, y expertos. Un informe de Crowe Co, elaborado por el socio BPO Guillermo Berrio, advierte sobre un efecto dominó financiero que impactaría más de 30 cobros y hasta 60 bienes y servicios indexados al SMLV, presionando la liquidez de hogares, pymes y pensionados.
La propuesta gubernamental contempla un aumento del 11 por ciento sobre el SMLV actual de 1.423.500 pesos, elevando la hora ordinaria a 6.189 pesos y afectando directamente a cerca de 5 millones de trabajadores formales, en un país con más de 20 millones de colombianos. Según datos del Dane, la inflación anual de octubre se ubicó en 5,51 por ciento, con picos en restaurantes del 7,61 por ciento, educación del 7,34 por ciento y salud del 6,50 por ciento, mientras que la productividad total de los factores creció solo 0,91 por ciento y la laboral cayó 0,32 por ciento, lo que sitúa el rango técnico de aumento entre 6 y 7 por ciento o hasta 8,94 por ciento según estimaciones de Fedesarrollo.
Efecto dominó en cobros indexados y costos empresariales
El informe de Crowe Co detalla cómo los ajustes automáticos por indexación al SMLV dispararían costos en múltiples rubros: un aporte actual de 100.000 pesos subiría a 108.940 pesos; una cuota judicial de un SMLV pasaría de 1.423.500 a 1.550.800 pesos, un incremento de 127.300 pesos, y de dos SMLV de 3.101.600 pesos con un alza de 254.600 pesos. Para las pymes, el costo laboral aumentaría entre 8,5 y 9,3 por ciento, agravado por la reciente reducción de la jornada laboral a 44 horas que eleva gastos en sectores como comercio, vigilancia, restaurantes y construcción. Gremios insisten en la fórmula técnica para preservar el poder adquisitivo sin generar presiones inflacionarias en el primer trimestre de 2026, mientras Fenalco se retiró temporalmente de la mesa por falta de consenso.
«más allá del aumento final o del ideal del ingreso digno, el país se enfrenta a un efecto dominó financiero que impactaría simultáneamente a las familias y al tejido empresarial»
Guillermo Berrio, socio BPO de Crowe Co
«Quien hoy aporta $100.000 deberá prever un desembolso cercano a $108.940, incluso si sus ingresos no crecen en la misma proporción»
Informe Crowe Co
Expertos de Anif y Fedesarrollo alertan que sin mejoras en productividad, esta polarización podría fomentar la informalidad y erosionar la competitividad empresarial. La negociación, que arranca con tensiones, definirá no solo el ingreso de los trabajadores sino el equilibrio macroeconómico del país en un contexto de recuperación postpandemia.
