Petro publica certificados judiciales de EE.UU. que descartan procesos penales en su contra

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El expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego publicó este lunes 16 de noviembre en su cuenta de la red social X cuatro certificados judiciales emitidos por tribunales federales de Estados Unidos que acreditan la ausencia de procesos penales en su contra en los distritos consultados. Los documentos, correspondientes a los tribunales de distrito de Florida Sur, Nueva York Sur, Nueva York Este y Texas Este, fueron presentados por el exmandatario colombiano para refutar las acusaciones judiciales que han pesado sobre él desde su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense.

Los certificados y su contenido

Los cuatro documentos fueron emitidos en respuesta a solicitudes formales de búsqueda de registros públicos y demuestran que, a la fecha de consulta, no existe ningún proceso penal activo contra Petro en esas jurisdicciones. El certificado del Distrito Sur de Nueva York, firmado por Tammi M. Hellwig, cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 20 de octubre de 2026, mientras que el del Distrito Sur de Florida, emitido el 6 de noviembre de 2026 por Angela E. Noble, confirma la misma condición. Los otros dos certificados, suscritos por Brenna B. Mahoney para el Distrito Este de Nueva York y por Sharon Murray para el Distrito Este de Texas, refuerzan la evidencia presentada por el expresidente.

«Estos cuatro certificados de circuitos de fiscalías de los EEUU en Nueva York, Texas y la Florida demuestran que no tengo ningún proceso judicial en curso en los EEUU por ningún tipo de delito»

Gustavo Petro, expresidente de Colombia

Sin embargo, expertos consultados advierten que los certificados acreditan únicamente la ausencia de registros a la fecha de consulta, lo que no implica necesariamente que investigaciones en curso hayan concluido o que hayan derivado en cargos formales. La presentación de estos documentos se produce en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el 24 de octubre de 2025 la OFAC incluyera a Petro en su lista de Nacionales Especialmente Designados, junto a su entonces esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti, bajo la Orden Ejecutiva 14059 por presunto vínculo con el narcotráfico.

Petro ha sostenido que su inclusión en la lista OFAC responde a motivos políticos, específicamente por sus críticas a la política estadounidense en Medio Oriente. «Mi inclusión en la lista OFAC no es más que por denunciar el genocidio en Gaza en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York hace un año», afirmó el exmandatario en su publicación. No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en una entrevista con NTN24 en septiembre de 2026 que «nadie termina en la lista de la OFAC porque alguien inventó algo», dejando entrever que las sanciones responden a información verificada por las agencias de inteligencia estadounidenses.

El contexto de las sanciones y las investigaciones

En marzo de 2026, la Administración para el Control de Drogas (DEA) declaró a Petro como «objetivo prioritario» según documentos internos citados por la agencia Associated Press, aunque las investigaciones se encontraban en etapas iniciales y no era claro si derivarían en cargos formales. En julio de ese mismo año, el expresidente reveló haber sostenido una conversación telefónica con el presidente Donald Trump para solicitar el levantamiento de las sanciones. Según Petro, Trump prometió revisar el caso, pero la Casa Blanca nunca confirmó oficialmente el intercambio.

Especialistas en derecho internacional y relaciones bilaterales señalan que la remoción de la lista OFAC depende de un proceso administrativo del Tesoro de Estados Unidos, independiente de la voluntad del poder ejecutivo. Esto significa que, aunque el presidente Trump hubiera accedido a revisar el caso, cualquier decisión final requiere pasar por los procedimientos establecidos por el Departamento del Tesoro, que evalúa la información de inteligencia y las evidencias disponibles antes de tomar una determinación. La publicación de los certificados judiciales por parte de Petro busca, según analistas, generar presión política y mediática para avanzar en ese proceso, mientras el exmandatario continúa defendiendo su inocencia ante las acusaciones que han marcado su salida del poder y su situación legal en el ámbito internacional.

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