El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este viernes 27 de marzo de 2026 la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, durante un acto público al que asistieron ministros, autoridades locales y beneficiarios directos. En este evento, ratificó la entrega de 700.000 hectáreas de tierras fértiles a familias campesinas, como parte de los avances en la reforma agraria, y anunció la adjudicación de más de 3.000 hectáreas a más de 1.000 familias en la región. El sábado 28 de marzo, Petro compartió un mensaje en redes sociales celebrando este hito.
La ceremonia en Cereté reunió a representantes de organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas, como el Resguardo Indígena Zenú, para conmemorar la redistribución de predios ubicados en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador, muchos de los cuales estuvieron en manos de estructuras paramilitares. Estas tierras beneficiarán también a familias afectadas por la emergencia climática, consolidando un compromiso con las comunidades rurales y la ONU en la meta de distribuir 3 millones de hectáreas a nivel nacional, donde Antioquia concentra la mayor cantidad ya entregada.
Una reforma agraria con justicia social y especialización judicial
Esta ley modifica la Ley 270 de 1996 y crea jueces especializados en conflictos agrarios, así como facilitadores agrarios gratuitos, agilizando la resolución de disputas por tierra. Petro llamó al Congreso a aprobar la ley ordinaria de jurisdicción agraria, en línea con la declaración unilateral presentada ante la ONU, para potenciar la redistribución, los derechos campesinos y la recuperación ambiental en zonas como el Bajo Sinú.
“Cumplimos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Hoy las bandas de nuevo tocan, hoy de nuevo se baila, hoy de nuevo hay sonrisas anchas en el rostro de la gente humilde”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El mandatario enfatizó la urgencia de colocar la tierra en manos campesinas para evitar riesgos y garantizar la producción de alimentos. “La tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo, porque es la obra de nuestro Gobierno y cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando bienes materiales, alimentos para la sociedad”, declaró. Agregó: “No es poco lo que aquí estamos celebrando, es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba”.
Con esta firma, el Gobierno avanza en su promesa de transformación rural, asegurando que las 700.000 hectáreas entregadas representen un paso firme hacia los 3 millones proyectados, fortaleciendo la soberanía alimentaria y la equidad en regiones históricamente marginadas.
