El presidente Gustavo Petro firmó este miércoles 1 de julio de 2026 el decreto que reactiva la orden de captura con fines de extradición contra Jhobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’ o ‘Comandante Javier’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La decisión, anunciada a través de su cuenta en la red social X, desató una inmediata y contundente respuesta del abogado Ricardo Giraldo, penalista y apoderado del Estado Mayor Conjunto del EGC, quien rechazó de plano las acusaciones de falta de sinceridad esgrimidas por el mandatario y atribuyó el deterioro del proceso de paz a los incumplimientos sistemáticos del Estado colombiano.
En su mensaje, Petro argumentó que la organización no mostró voluntad de sinceridad para avanzar en la negociación, que se desarrolla desde septiembre de 2025 en Doha, Catar. “He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado. Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, escribió el presidente. La orden de captura había sido suspendida mediante una resolución del mismo año como parte del marco de las conversaciones de paz, pero la nueva disposición del Ejecutivo revierte esa suspensión.
La respuesta del abogado Ricardo Giraldo: “La sinceridad se mide en documentos”
Ricardo Giraldo respondió de inmediato con un extenso hilo en X en el que detalló lo que considera una serie de incumplimientos estatales y defendió la actuación del EGC. “La sinceridad, señor Presidente, se mide en documentos”, afirmó el penalista, y enumeró los hechos que, según él, demuestran la voluntad del grupo armado: desde el cese unilateral contra la Fuerza Pública decretado el mismo 7 de agosto de 2022, día de la posesión de Petro, hasta la preagrupación de 400 combatientes para el 25 de junio de 2026. Mencionó además las liberaciones de personas retenidas entre 2022 y 2026, el respeto a las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026 sin incidentes atribuibles al EGC en zonas de su presencia, según el Mecanismo Tripartito de verificación, y la autorización del desminado humanitario el 24 de abril de 2026.
Giraldo también destacó la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con centenares de familias vinculadas en Belén de Bajirá y Riosucio, y la aceptación pública, el 19 de mayo de 2026, de la exigencia de excluir a los extraditables, un gesto que el propio Petro celebró ese mismo día en X. “Sostener hoy públicamente que en este proceso ‘sinceridad no hubo’ no es un reproche al Ejército Gaitanista Colombiano: es una acusación contra la totalidad de quienes hemos conducido, verificado y acreditado formalmente estas conversaciones”, subrayó el abogado, quien dejó constancia formal de su posición para efectos legales y para defender la integridad del proceso y su actuación profesional.
“La sinceridad no se refuta en X: se refuta en el expediente institucional”
Ricardo Giraldo, penalista y apoderado del EGC
Incumplimientos del Estado y el giro de la Casa de Nariño
Según el relato de Giraldo, de los 14 compromisos suscritos en Doha en septiembre de 2025, el Estado colombiano cumplió sustantivamente solo dos. Además, reveló que las reuniones previstas para el 3 y 4 de marzo de 2026 no se realizaron por incumplimientos del protocolo de seguridad y la presencia inesperada de la Fuerza Pública. A esto se suma el mensaje de Petro del 8 de marzo de 2026, día de las elecciones parlamentarias, en el que afirmó que el EGC “ha roto su propio acuerdo y debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial”, lo que Giraldo consideró una vulneración del protocolo firmado.
El penalista también vinculó la reactivación de la extradición a dos factores clave: la ratificación por parte del EGC, el 24 de junio, de su voluntad de continuar el proceso de paz con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, presidente electo, y una serie de escándalos que involucran a excomisionados, exdirectores de inteligencia y exjefes de contrainteligencia del Gobierno. Asimismo, recordó que tras una reunión entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump en febrero de 2026, se declaró “objetivo de alto valor” a alias Chiquito Malo, lo que contradice la suspensión de la orden de captura vigente en ese momento. El presidente Petro, por su parte, señaló que la Fiscalía no respaldó el proceso por influencia de Estados Unidos y mencionó la captura de alias El Zarco, presunto integrante del EGC.
El anuncio presidencial y la respuesta del apoderado dejan en el aire el futuro de un proceso de paz que, según Giraldo, había avanzado en gestos concretos de desescalamiento, pero que ahora enfrenta una ruptura que, a juicio del abogado, no obedece a falta de sinceridad del grupo armado, sino a decisiones políticas y compromisos internacionales que han primado sobre los acuerdos sellados en Doha.
