El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió este viernes 13 de marzo en su cuenta de X a la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazando cualquier forma de censura y defendiendo su derecho a denunciar un presunto fraude electoral en las elecciones legislativas del 8 de marzo, a pesar de la ausencia de evidencias concretas. En sus mensajes, Petro exigió al registrador nacional del Estado Civil, delegado Renato Rafael Contreras, entregar una copia del código fuente del software utilizado en el preconteo y escrutinios para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, comprometiéndose a realizar una auditoría experta con los mejores especialistas del mundo en Colombia y a devolverlo en tres semanas para garantizar la transparencia del voto popular.
La Procuraduría, representada por el procurador delegado Juan Carlos Villamil y el viceprocurador Julián Andrés Fernández, intervino en una audiencia pública dentro de una acción popular sobre garantías electorales, solicitando que el mandatario se abstenga de hacer denuncias sin pruebas, argumentando que tales declaraciones podrían desmotivar a la ciudadanía y generar inconvenientes en el desarrollo de las funciones electorales. Petro, por su parte, publicó dos mensajes en los que cuestionó específicamente el software electoral, señalando que en más de tres mil mesas de votación se registró “Null” para el Pacto Histórico, y exigió explicaciones al respecto desde la Registraduría.
Defensa de la libertad de expresión en medio de la controversia
Las denuncias de Petro se centran en supuestas irregularidades en el software de transmisión y conteo de votos durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, lo que ha generado un debate sobre los límites de la participación política del presidente en ejercicio, regulada por la normativa colombiana que restringe su intervención en asuntos partidistas. En la audiencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Registraduría presentó mecanismos de verificación y control, junto con un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que avaló el proceso del 8 de marzo.
“No acepto censuras de los nuevos Ordóñez. Ya pasó esa época. Aún es tiempo democrático”
Gustavo Petro, presidente de la República
“Solicito al registrador del estado civil se me entregue copia del código fuente del software de preconteo y escrutinios para las elecciones presidenciales durante tres semanas y lo devuelvo. Haré la debida auditoría experta con los mejores del mundo en Colombia y daré parte de sus resultados al pueblo de Colombia y al mundo, para garantizar la transparencia del voto del pueblo, al cuál obedecemos. Sin auditoría técnica experta e independiente de la registraduria no puedo hacerlo”
Gustavo Petro, presidente de la República
Petro enfatizó su posición con una clara defensa de sus derechos constitucionales, argumentando que por objeción de conciencia y por su propia libertad no aceptará censuras, y que si el presidente no defiende la libertad de expresión, se arrincona toda la libertad en Colombia. Desde la Procuraduría, Villamil advirtió que estas afirmaciones podrían llevar a la ciudadanía a cuestionar la validez del voto, al considerar alteraciones en las decisiones populares, mientras Fernández subrayó la necesidad de recuperar la ética pública en el debate electoral, recordando que el presidente no puede confundir sus roles como jefe de Estado, actor político y líder partidista con descalificaciones al proceso electoral.
“Todo esto, sin duda alguna, se considera que puede generar una desmotivación para la ciudadanía que puede considerar para qué votar si van a resultar alterando las decisiones, o incluso pueden llegar a generar inconvenientes en el propio desarrollo de la prestación de esta función electoral”
Juan Carlos Villamil, procurador delegado
“La Procuraduría lo que busca es una recuperación de la ética pública en el debate electoral. El presidente de la República no puede participar en política. Y ahí se confunden los roles entre un presidente, un actor político, un jefe de un partido y una descalificación al proceso electoral”
Julián Andrés Fernández, viceprocurador
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha convocado una nueva audiencia para el 20 de marzo, en la que participarán el ministro del Interior, Armando Benedetti, y Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que promete intensificar el escrutinio sobre el equilibrio entre la libertad de expresión presidencial y la integridad del proceso electoral de cara a las presidenciales del 31 de mayo.
