El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que acató parcialmente la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, retractándose de las acusaciones que había formulado contra los hermanos Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, empresarios y familiares del senador republicano Bernie Moreno. En el escrito, el mandatario reconoció que “no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena”, pero acto seguido reafirmó su versión política de los hechos, al sostener que se mantiene en lo probado tanto en el debate parlamentario como en su libro. La controversia se originó en el Consejo de Ministros del 21 de octubre de 2025, donde Petro vinculó a los hermanos Moreno con los casos del Banco del Pacífico, el volteo de tierras en la Sabana de Bogotá y la Hacienda San Simón, señalamientos que derivaron en una tutela que les concedió la razón.
La sentencia de tutela, identificada con el expediente 2025-00469 y fechada el 12 de febrero de 2026, conminó al jefe de Estado a rectificar sus afirmaciones al no existir proceso penal en contra de los empresarios. No obstante, Petro, lejos de cerrar el capítulo, insistió en que su relato está respaldado por documentos públicos, entre ellos la Gaceta del Congreso número 60 del 26 de marzo de 2002, donde quedó registrada la intervención parlamentaria, y su libro de título propio, con ISBN 978-958-7092-49-3, publicado por la editorial Intermedio. Esta doble postura —retractarse formalmente pero reafirmar el fondo de la acusación— ha generado un debate sobre el alcance real del cumplimiento de la orden judicial.
Un cumplimiento condicionado que abre nuevas interpretaciones
En su mensaje, el presidente fue enfático al señalar que los hermanos Moreno no registran imputación, acusación ni condena en ninguna instancia penal, lo que satisface la exigencia del Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, la frase con la que cierra su publicación —“Me mantengo en todo”— deja entrever que el mandatario no modifica su convicción política respecto a los hechos que denunció. Los abogados de los demandantes ya han señalado que esta rectificación parcial podría no ser suficiente, pues la tutela buscaba una retractación sin adiciones que mantuvieran viva la imputación pública. El caso, que combina elementos judiciales y políticos, promete seguir escalando en los estrados mientras el Ejecutivo y los afectados miden sus próximos movimientos.
“No han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena”
Gustavo Petro, presidente de la República
Mientras tanto, el entorno de los hermanos Moreno Mejía evalúa si la respuesta presidencial se ajusta al espíritu de la sentencia o si, por el contrario, constituye un nuevo agravio al mezclar la rectificación con la reafirmación de los señalamientos iniciales. La querella, que ya había movilizado a sectores políticos en Washington por el vínculo con el senador republicano, adquiere ahora una dimensión adicional en el plano jurídico interno, donde la línea entre la libertad de expresión del mandatario y el derecho al honor de los ciudadanos sigue siendo materia de litigio. Todo indica que este no será el último capítulo de una historia que mezcla tribunales, redes sociales y los pasillos del poder.
