El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la decisión de retirar al país del sistema internacional de arbitraje de inversión, un mecanismo que resuelve disputas entre Estados y empresas extranjeras mediante árbitros imparciales independientes de la justicia local. Esta medida presidencial surge en medio de litigios que ascienden a cerca de 52 billones de pesos, según argumenta el mandatario, quien cuestiona la equidad del sistema al considerar que favorece sistemáticamente a las corporaciones en detrimento de los gobiernos.
Entre 2021 y 2024, Colombia ha enfrentado un aumento en su inventario de casos, pasando de 20 a 34 procesos, con pretensiones reportadas que escalaron de 10,79 billones a 59,52 billones de pesos. En ese período, de 12 decisiones arbitrales con resultado definido, el país ganó 10 y perdió solo 2, lo que no ha sido suficiente para disipar las preocupaciones de Petro sobre la vulnerabilidad de los Estados en estos foros.
Alertas desde el sector privado
La determinación genera alarma entre expertos jurídicos y representantes empresariales. Diego Márquez Arango, director de MQA Abogados, y Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados, han advertido sobre los riesgos para la inversión extranjera y la seguridad jurídica. Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, enfatizó las posibles dificultades en la resolución de disputas internacionales, lo que podría erosionar la confianza de los inversionistas en el país.
«¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde (…) en general, perdemos?»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
A favor de la salida, una carta firmada por cerca de 200 economistas, entre ellos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, respalda la medida al destacar las tensiones que genera el arbitraje con políticas públicas esenciales, como la transición energética. Como antecedentes, se citan casos recientes como las demandas interpuestas por ExxonMobil y Shell contra Países Bajos por el cierre de campos de gas, ilustrando los choques entre regulaciones ambientales y tratados de inversión.
Esta decisión podría implicar una pérdida de confianza inversionista y complicaciones en el manejo de controversias transfronterizas, en un contexto donde Colombia busca equilibrar soberanía nacional con atractivo para el capital extranjero.
