En un giro inesperado dentro del proceso judicial que enfrenta por sus señalamientos contra la EPS Coosalud, el expresidente Gustavo Petro presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un memorial en el que acepta retractarse públicamente de las acusaciones que lanzó contra directivos de esa entidad, en cumplimiento de un fallo que le ordenaba hacerlo. El documento, revelado en abril de 2026, llega después de que el mismo tribunal le impusiera una sanción económica cercana a los 15 salarios mínimos por desacato, el 27 de abril de ese año, al no haber acatado en primera instancia una orden judicial que buscaba proteger el buen nombre de Jaime Miguel González Montaño, exdirector de la EPS.
La controversia se originó a raíz de una serie de publicaciones en la red social X y en una alocución presidencial, en las cuales Petro calificó al exgerente de Coosalud como «un corrupto» y pidió que la junta directiva fuera procesada por la Fiscalía. Aquellas declaraciones provocaron la demanda de González Montaño, quien estuvo representado por el abogado Julián Quintana, y llevaron a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera un fallo el 11 de noviembre de 2025, ordenando la retractación pública y las disculpas correspondientes por la vulneración del buen nombre y el debido proceso. El expresidente, que había denunciado formalmente los hechos ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de diciembre de 2025, insistió en que sus afirmaciones se sustentaban en denuncias formales, pero el tribunal consideró que debía retractarse al no existir aún una sentencia penal en firme.
Los términos de la retractación y la respuesta del afectado
En el memorial dirigido al Tribunal, Petro precisó que sus expresiones sobre Coosalud EPS y su expresidente se refieren a hechos que él mismo denunció ante la Fiscalía General de la Nación y que también fueron puestos en conocimiento por el agente interventor de la EPS, siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía 39 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. No obstante, el expresidente enfatizó que ninguna de sus declaraciones constituye una imputación de responsabilidad penal, pues esa determinación corresponde exclusivamente a los jueces, y mientras no exista sentencia en firme, González Montaño se presume inocente. La retractación, sin embargo, no ha sido bien recibida por el abogado del afectado, Julián Quintana, quien manifestó que no la aceptará al considerarla insuficiente frente al daño reputacional causado por más de diez mensajes difamatorios publicados contra su representado, lo que podría dar lugar a nuevas acciones legales.
«(…) En cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de noviembre de 2025 informo: mis afirmaciones sobre Coosalud EPS y su expresidente Jaime Miguel González Montaño se refieren a hechos que denuncié ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de diciembre de 2025, que también denunció el agente interventor de la EPS y que investiga la Fiscalía 39 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Ninguna de mis expresiones es una declaración de responsabilidad penal. Esa decisión corresponde exclusivamente a los jueces, y mientras no exista sentencia en firme, el señor González Montaño se presume inocente. (…)»
Gustavo Petro, expresidente de Colombia, en el memorial presentado al Tribunal
El trasfondo del caso se remonta a las millonarias acusaciones del entonces presidente Petro, quien señaló a directivos de Coosalud de estar involucrados en un préstamo superior a los 200.000 millones de pesos que habría contado con respaldo de fondos públicos. La EPS, que cuenta con 3.337.343 afiliados, ha estado en el centro de una compleja disputa jurídica y administrativa, pues en paralelo a la orden de retractación del Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal Administrativo de Bolívar, bajo el magistrado Luis Miguel Villalobos, decidió suspender provisionalmente la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la aseguradora y ordenó restablecer las condiciones administrativas previas, tras considerar que el plan estatal no corrigió los problemas económicos y administrativos de Coosalud después de dos años de mediación.
Ante esta decisión, la Supersalud confirmó que acatará la orden y comenzará una transición gradual para devolver el control de la EPS a sus antiguos directivos, quienes recuperarían así la administración de la entidad. Mientras tanto, la retractación parcial de Petro deja abierto un escenario de tensión jurídica, pues la negativa del abogado de González Montaño a aceptarla podría derivar en un nuevo capítulo judicial, en el que se definiría si la rectificación del expresidente satisface o no el cumplimiento integral del fallo que buscaba reparar el daño causado al exdirectivo y a la junta directiva de Coosalud.









