En una declaración publicada en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que suspender los bombardeos permitiría que los capos recluten más niños y niñas, en respuesta a Iris Marín, Defensora del Pueblo, tras denuncias de muertes de adolescentes en Arauca y Puerto Santander. Petro sostuvo que la continuidad de las operaciones podría ser necesaria para contener ese reclutamiento y anunció que denunciaría ante la Corte Penal Internacional a Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, por su presunto papel en ese fenómeno. La intervención dejó claro que la discusión pública se enmarca en la evaluación de estrategias para proteger a la infancia en zonas de conflicto y en la tensión entre seguridad y derechos humanos.
La coyuntura ha puesto sobre la mesa cifras que alimentan el debate. Según el Gobierno, desde el inicio del mandato de Petro en 2022 se han liberado 704 menores, mientras la Defensoría del Pueblo señala 463 casos de reclutamiento en 2024 y 342 en 2023. La ONU registra 474 casos de reclutamiento entre 2022 y 2024 y la Fiscalía identifica al menos 2.949 menores reclutados entre 2017 y 2025. En términos geográficos, Cauca y Chocó figuran entre las regiones más afectadas, y Bogotá informó un aumento del 43% en 2025. Todo ello alimenta un debate intenso sobre la eficacia de los bombardeos para frenar el reclutamiento frente a incidentes recientes en Arauca y Puerto Santander.
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Desarrollo con información específica sobre el intercambio entre Defensoría y Gobierno, el marco internacional y las proyecciones a futuro. Iris Marín subrayó que ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad y que, sin medidas adicionales, la situación podría empeorar; Petro, por su parte, enfatizó su intención de denunciar a Mordisco ante la Corte Penal Internacional y defendió la necesidad de revisar las estrategias de seguridad para proteger a la infancia.
«Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país, lo denunciaré ante la Corte Penal Internacional» – Gustavo Petro
La historia deja en claro que la discusión sobre reclutamiento infantil y bombardeos no solo es una cuestión de táctica militar, sino de protección de derechos fundamentales y de relaciones internacionales, con seguimiento continuo a las cifras de reclutamiento y a las dinámicas regionales en Cauca, Chocó y otras zonas afectadas, incluida Bogotá.
