El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió este 20 de enero de 2026 el Decreto 0030, que suprime la prima especial de servicios para los congresistas, medida que entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026 para los nuevos miembros del Legislativo. A través de un mensaje público en la red social X, el mandatario justificó la eliminación de este beneficio, argumentando que los congresistas han aprobado reformas tributarias que afectan a los sectores más vulnerables mientras hunden aquellas que gravarían a los más ricos.
El decreto deroga el Decreto 2170 de 2013, que otorgaba una prima mensual concebida inicialmente para cubrir gastos de salud y vivienda, la cual en 2025 asciende a 16.914.540 pesos. Con esta supresión, el ingreso mensual bruto de los congresistas pasaría de más de 52 millones de pesos a alrededor de 36 millones, generando un ahorro anual para el Estado superior a los 56.000 millones de pesos. La medida representa un giro significativo en la política de remuneración congressional y no afecta a los actuales legisladores, incluyendo varios simpatizantes del presidente Petro en el Congreso, aunque ha suscitado críticas por parte de algunos parlamentarios y recibido apoyo de sectores progresistas.
Remuneración desproporcionada y contexto jurídico
El Departamento Administrativo de la Función Pública ha respaldado la iniciativa al señalar que la remuneración actual resulta desproporcionada frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los ciudadanos. Además, la Corte Constitucional ha indicado que estos beneficios no son obligatorios para el Ejecutivo, lo que facilita la derogación de la prima sin mayores obstáculos legales.
“Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”
Gustavo Petro, presidente de la República
“la remuneración actual es desproporcionada frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los ciudadanos”
Departamento Administrativo de la Función Pública
Esta decisión del Gobierno Nacional busca equidad en medio de un debate nacional sobre los privilegios de la clase política, en un contexto donde Colombia enfrenta desafíos económicos que demandan mayor austeridad fiscal y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
