El presidente Gustavo Petro decidió suspender la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña y cabecilla de los Comandos de Frontera, así como representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), con el fin de asegurar su continuidad en el proceso de paz total que adelanta el Gobierno nacional. Esta medida se tomó tras la captura de Rojas en un hotel de Bogotá, ocurrida después del tercer ciclo de conversaciones en la mesa de diálogos, y fue respaldada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con la Ley 2272 de 2022 y el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
La suspensión aplica a la extradición previamente autorizada por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, imputados por la Corte Distrital del Distrito Sur de California, donde se le acusa de concierto para distribuir cocaína producida en Colombia, transportada vía México hacia territorio estadounidense. Rojas fue detenido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía bajo una notificación roja de Interpol, en un contexto de actividades delictivas que se extienden entre 2017 y 2025, incluyendo un cargamento de cerca de 1.500 kilos de cocaína incautado por autoridades mexicanas en marzo de 2024.
Operaciones de los Comandos de Frontera y controversias políticas
Los Comandos de Frontera, estructura criminal activa en regiones como Putumayo y Caquetá, operan imponiendo cobros extorsivos a narcotraficantes, y según informes de inteligencia, cuentan con ocho cabecillas principales que actúan junto a alias Araña. La decisión de Petro genera debate sobre el equilibrio entre la paz total y las obligaciones internacionales, exigiendo que Estados Unidos garantice no aplicar medidas como desaparición forzada, torturas o prisión perpetua. Además, en medio de este escenario, se presentó una denuncia contra Otty Patiño, alto comisionado para la paz, por presunto abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y prevaricato, lo que añade tensión al proceso.
La extradición solo procedería si Rojas interrumpe sus aportes a las negociaciones de paz, subrayando la apuesta del Gobierno por priorizar el diálogo armado sobre las demandas judiciales externas en este caso específico.
