El presidente Gustavo Petro calificó como “extorsión” la suspensión provisional que la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación, ordenó en su contra. Desde Nueva York, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario negó haber incurrido en participación política durante el periodo electoral y anunció que pedirá a sus ministros declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre las peticiones que la congresista les habría formulado. El documento con la propuesta de separación temporal fue radicado a las 9:06 de la mañana de este mismo día, aunque no tiene efectos inmediatos, pues requiere la revisión de la plenaria de la Comisión y, posteriormente, de la Cámara de Representantes.
La representante Arizabaleta argumentó que Petro infringió las normas de neutralidad política al hacer campaña en vísperas de la segunda vuelta electoral del 21 de junio, lo que motivó la apertura de un proceso en su contra. Sin embargo, el presidente rechazó categóricamente la medida, asegurando que se trata de un intento por sancionarlo debido a sus posiciones políticas. “Y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspenderme, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado”, afirmó Petro, quien también sostuvo que “sobre el presidente, no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución”.
Petro asegura que la congresista incurrió en extorsión
En sus declaraciones, Petro fue más allá y afirmó que las solicitudes de Arizabaleta constituyen un delito de extorsión. El presidente señaló que la congresista, quien hace parte del Pacto Histórico, el mismo partido de gobierno, le habría pedido cosas que él se negó a conceder. “Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, declaró el mandatario, quien agregó que “ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Sé que es volver un gobierno criminal”.
“Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí, no acepto”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro insistió en que no aceptará la suspensión porque “es contradecir mis propios principios”. Por ello, anunció que buscará que sus ministros formalicen ante la Corte Suprema las solicitudes que recibieron de la congresista, con el objetivo de que se investigue lo que él califica como un intento de extorsión.
Congresistas del Pacto Histórico desestiman validez del documento
Por otro lado, el congresista del Pacto Histórico Alejandro Campo desestimó la validez del auto firmado por Arizabaleta. Campo aseguró que la Comisión de Acusaciones “no ha tomado ninguna decisión contra el presidente Petro” y que el documento “lo sacaron de su oficina, de su correo, pero no existe en la Comisión ningún auto”. El congresista también subrayó que “una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”. La controversia jurídica y política se suma así a la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso en pleno escenario electoral, aunque el procedimiento para que la suspensión provisional se haga efectiva aún debe superar varias instancias legislativas.
