El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó este 27 de octubre de 2025 que, pese a la distancia que algunos señalan entre el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, legalmente están casados y que la ruptura pública no debe desviar la atención de las responsabilidades del gobierno. Petro había publicado el 25 de octubre en su perfil de X un mensaje que alimentó la polémica sobre una separación de facto entre la pareja, mientras que Benedetti concedió entrevistas a distintos medios para restar importancia a la repercusión mediática de ese quiebre. En Colombia, el tema se cruzó con el marco de sanciones de OFAC, pues Petro, Alcocer, Benedetti y Nicolás Petro Burgos figuran en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo que añade un componente de seguridad y política internacional a una disputa puramente personal.
El tema llega rodeado de antecedentes: la relación entre Petro y Alcocer ya mostraba tensiones y había alimentado rumores, mientras que Petro, en su vida personal, ha ido revelando detalles que alimentan la conversación pública. Benedetti, en sus declaraciones a los medios, afirmó que no corresponde a la agenda pública discutir chismes y que, pese a cualquier distanciamiento, lo que persiste es la vigencia del vínculo matrimonial. Asimismo, la conversación se ve influida por la inclusión de estas figuras en OFAC y por señalamientos del Tesoro sobre una política de drogas descrita como desastrosa e ineficaz, elementos que amplían el foco de la noticia más allá de lo privado y colocan la discusión en el terreno del control de activos y la legitimidad de ciertas decisiones de gobierno.
Dimensión legal y política de la ruptura
La respuesta de Benedetti se inscribe en un intento por restar peso político a una ruptura que, aunque ostenta un cariz personal, devuelve el foco sobre la estabilidad de la administración y la imagen pública de la primera dama. Petro había señalado una separación de facto, pero Benedetti insistió en la vigencia legal del matrimonio, lo que complica cualquier lectura simplista sobre el estado de la relación y sus efectos en la función pública. En este marco, la presencia de Petro y Alcocer en OFAC y las dudas que rodean la seguridad social y otros beneficios vinculados a ser familiar del presidente agregan una dimensión institucional a una disputa que, en apariencia, pertenece al terreno privado.
«Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral» – Gustavo Petro, Presidente de la República
Por su parte, Benedetti también ofreció claridad sobre la interpretación legal del vínculo; afirmó en varias intervenciones que no se trata de discutir chismes, sino de la vigencia del matrimonio ante lo que considera una realidad jurídica. En ese sentido, subrayó que la seguridad social y las implicaciones de ser familiar del presidente pueden dar para ciertos escenarios, lo que sugiere un análisis práctico de las consecuencias institucionales de la relación a la luz de las leyes y los reglamentos vigentes.
La reverberación de este conjunto de declaraciones podría incidir en la percepción pública sobre Alcocer como Primera Dama y en la dinámica familiar del presidente, con posibles lecturas políticas que buscan capitalizar o minimizar la situación según el objetivo de cada actor. En paralelo, la inclusión en OFAC y las referencias a una política de drogas objeto de críticas refuerzan el marco de seguridad y política externa con el que se deben estudiar estos hechos, manteniendo el tema vivo en la agenda mediática y en el escrutinio institucional.
