En una movida que mantiene el ojo de la opinión pública en la frontera entre la política y la diplomacia, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti anunciaron la designación de abogados defensores para enfrentar la inclusión de la familia presidencial y de ellos mismos en la Lista Clinton impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, con sede en Washington, DC. Petro designó a Daniel Kovalik, conocido abogado de derechos humanos, para representar ante OFAC y, al mismo tiempo, para hacerse cargo de la defensa de Verónica Alcocer, primera dama, y de Nicolás Petro Burgos, su hijo, mientras Benedetti optó por Michael Díaz, experto en recuperación de visas, en asuntos de cumplimiento con la FCPA y en procesos de reclasificación de Nacionales Especialmente Designados. La estrategia es emprender una defensa administrativa ante OFAC y revisar la decisión desde la capital estadounidense, con la posibilidad de desactivar o modificar la sanción a través de ese cauce institucional.
La designación de los abogados llega en un marco previamente marcado por la inclusión de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti en la Lista Clinton, lo que implica el bloqueo de activos y la exclusión del sistema financiero internacional. Fuentes cercanas señalan que la vía elegida será de carácter administrativo y que, de momento, no se contemplan acciones penales o civiles. En este contexto, el propio Petro habría revelado en 2024 la existencia de una compra de software Pegasus que, según algunas versiones, fue presentada como irregular; sin embargo, luego se confirmó que se trataba de una adquisición realizada por el gobierno de Estados Unidos dentro de la cooperación bilateral antidrogas. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia quedó envuelta en tensiones dentro del Grupo Egmont a raíz de filtraciones y cuestionamientos sobre confidencialidad.
Contexto y lectura de juristas
El contexto histórico señala que Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti ya habían sido incluidos en la Lista Clinton, con las implicaciones de bloqueo de activos y limitaciones para operar en el sistema bancario internacional. La decisión de recurrir a una defensa administrativa ante OFAC busca establecer fundamentos para desactivar la sanción o, al menos, demorarla, mediante pruebas que demostrarían que las personas mencionadas no han participado en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, a organizaciones terroristas, a la financiación del terrorismo ni a otros hechos que justificarían la inclusión. Analistas consultados destacan que este movimiento podría interpretarse como una estrategia de confrontación política con Estados Unidos y, según El Tiempo, señala una vía para presionar a la administración estadounidense en un terreno de alta sensibilidad bilateral. El documento oficial citado sugiere interpretaciones sobre divulgación de información confidencial obtenida a través del Grupo Egmont y la controversia en torno a la supuesta irregularidad de la compra de Pegasus, además de las fricciones generadas entre la UIF colombiana y actores armados vinculados al narcotráfico.
«ha socavado la lucha antinarcótica y ha permitido el florecimiento del narcotráfico» – Casa Blanca
«La única ruta de defensa posible es precisamente esa: probar que no han participado en ninguna actividad ilegal relacionada con el narcotráfico, organizaciones terroristas, financiación del terrorismo, tráfico de armas u otros hechos que justifican este tipo de inclusión» – Francisco Bernate
Entre los datos secundarios, se destaca que Petro designó a Dany Kovalik para representar ante OFAC y, además, para asumir la defensa de toda la familia presidencial; Benedetti, por su parte, optó por Michael Díaz. El Tiempo señala que la acción será de carácter administrativo, descartando de momento vías penales o civiles, y que juristas consultados observan que este movimiento podría interpretarse como una escalada de confrontación política con Estados Unidos. A ello se suma la mención de que Petro habría hecho públicas informaciones confidenciales obtenidas a través del Grupo Egmont y la referencia a la compra de Pegasus como un tema cargado de controversia dentro de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, así como las tensiones surgidas por filtraciones que afectaron a la UIF.
En síntesis, este paso legal representa una nueva fase en la relación entre el gobierno colombiano y Estados Unidos, con un proceso administrativo que podría influir en el curso de las relaciones bilaterales, la cooperación internacional y el debate nacional sobre transparencia, seguridad y la estrategia anticorrupción en la región.
