El presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta política al reaccionar a las denuncias de corrupción que involucran a Juliana Guerrero y su hermana Verónica, presuntas intermediarias en un esquema de cobros ilegales a empresarios a cambio de gestionar contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En su cuenta de X, el mandatario saliente pidió que las pruebas sean entregadas a la fiscalía y sugirió que tras los hechos podrían estar implicados “abelardistas”, una referencia que no definió. La exsenadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, no tardó en responder, acusando a Petro de minimizar la gravedad del escándalo y denunciando lo que calificó como un “pacto de la corrupción” de cuatro años con el presidente a la cabeza.
La investigación, publicada por la revista Semana, reveló un presunto entramado de coimas que operó entre la segunda mitad de 2024 y marzo de 2025. Según el reportaje, las hermanas Guerrero actuaban como enlace entre empresarios y funcionarios del gobierno, con un tarifario establecido: un millón de pesos por cada reunión gestionada, un anticipo de 200 millones de pesos y un 10% sobre el valor de cada proyecto adjudicado. En un caso concreto, se menciona un posible monto de obras en Aguachica por 6.000 millones de pesos, de los cuales las hermanas habrían recibido 60 millones. Los pagos se realizaban inicialmente en efectivo y luego mediante transferencias a cuentas personales, como una de 5 millones de pesos a Juliana Guerrero. También se documentaron dos pasajes aéreos adquiridos por los empresarios para Verónica Guerrero a Aguachica y regreso a Bogotá en diciembre de 2024.
Las acusaciones y la defensa de Petro
En la denuncia, los empresarios, que prefirieron mantener su identidad bajo reserva, relataron que el contacto con el gobierno se canalizaba a través de Juliana Guerrero, mientras que su hermana Verónica mantenía la relación directa con los inversionistas junto a David Trespalacios, un joven de Barranquilla allegado a la familia. Un empresario citado por Semana afirmó: “Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. Además, en un mensaje de WhatsApp, Verónica Guerrero escribió: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Libreros es el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, señalado como el contacto en el Ejecutivo.
La reacción de Petro no se hizo esperar. En su cuenta de X, el presidente escribió: “Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía”. La mención a los “abelardistas” no fue aclarada, pero se interpreta como una posible alusión a seguidores de una corriente política interna o a un político específico.
Minutos después, María Fernanda Cabal respondió con dureza: “Petro relativizando la gravedad de los chats de las hermanas Guerrero donde según se puede ver en la denuncia de Revista Semana cobraran coimas a cambio de contratos con su gobierno. El pacto de la corrupción por 4 años con Petro a la cabeza”. La exsenadora del Centro Democrático fue más allá al afirmar que el mandatario busca desviar la atención mientras el escándalo crece.
Contexto y posibles consecuencias
La investigación de Semana incluye testimonios, chats, audios y transferencias bancarias que, según los denunciantes, prueban el esquema de cobros. Los empresarios, que buscaban proyectos de cámaras de seguridad, acueducto en el Cesar y mejoramiento de vivienda, aseguran que los acuerdos no se cumplieron, lo que los llevó a entregar las pruebas a la revista. En las conversaciones, se mencionan dificultades para la liberación de recursos y reuniones con alcaldes y funcionarios, lo que refleja un entramado que buscaba influir en decisiones gubernamentales a cambio de dinero.
El caso podría derivar en una investigación fiscal, especialmente si la fiscalía recibe las pruebas que Petro ha solicitado. Mientras tanto, la controversia se suma a las críticas de la oposición hacia el gobierno saliente, que enfrenta múltiples denuncias de corrupción en sus últimos meses. La mención de “abelardistas” por parte del presidente añade un nuevo elemento de incertidumbre, que podría generar más reacciones dentro del mismo Ejecutivo. Por ahora, las hermanas Guerrero y el viceministro Libreros no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones.
