La vía Manizales-Murillo, reconocida por muchos como la carretera más hermosa de Colombia, atraviesa mucho más que un paisaje imponente: cruza una de las fábricas de agua más importantes para el centro del país.
Sin embargo, la protección de este ecosistema, declarado Sujeto de Derechos por la Corte Constitucional, se encuentra hoy atrapada en un peligroso limbo
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Un choque de interpretaciones jurídicas entre departamentos y el hermetismo de un cambio de gobierno tienen en vilo el futuro del Parque Nacional Natural Los Nevados.
El origen del actual desorden administrativo radica en una reciente decisión del Tribunal Superior del Tolima. Meses atrás, este tribunal había impuesto medidas de restricción, pero terminó echando para atrás su propia directriz al confirmar que la vía dejó de ser de carácter regional para convertirse en una ruta nacional. Con este cambio, el tribunal ordenó que fuera la Nación la encargada de adoptar las medidas necesarias para proteger el parque.
La respuesta en el territorio ante esta decisión ha sido un mosaico de medidas inconexas que generan más confusión que conservación: mientras la Gobernación del Tolima determinó implementar un pico y placa ambiental que abarca exclusivamente los 56 kilómetros de su jurisdicción, desde Murillo hasta el sector del cerro Gualí (La Esperanza / El Ocho), los más de 30 kilómetros restantes del trayecto hacia Manizales no tienen restricción.
Al ser consultadas por La Veintitrés, las autoridades de Caldas explicaron que implementar una medida similar excedería sus funciones, amparándose en que el tribunal dejó la responsabilidad en manos de la Nación. Aunque afirman que esto no representa un choque con el Tolima y aseguran estar atentas a la protección del PNNN, en la práctica, la asimetría crea un escenario de desorden para los usuarios de la vía y las comunidades.
Por su parte, la concesión vial ha invitado a un «pico y placa voluntario», una medida que ha tenido muy poca acogida entre el público masivo que transita por la zona.
El silencio institucional: un parque atrapado en el empalme
Para entender cómo la Nación asumiría el mandato del tribunal, La Veintitrés intentó contactar a las entidades nacionales involucradas: Ministerio de Transporte, ANI, Parques Nacionales y la Consejería Presidencial para las Regiones. La respuesta fue un silencio unánime.
A escasos días del cambio de mando, la prioridad del gobierno saliente parecía estar enfocada en la firma de contratos y nombramientos de última hora, dejando el pico y placa ambiental fuera de la agenda. El panorama con la administración entrante no fue más esclarecedor. Los pocos funcionarios designados que respondieron al llamado de este medio se limitaron a pedir espera hasta asumir oficialmente sus cargos.
En los escasos informes de empalme que se hicieron públicos, el tema brilló por su ausencia. El pico y placa ambiental quedó atrapado entre la despedida de los viejos funcionarios y la llegada de los nuevos.
La gran incógnita: ¿Quién asume la batuta?
Más allá del silencio temporal, se asoma un problema estructural de cara al nuevo cuatrienio. El presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático en su anuncio de acabar con todas las Consejerías Presidenciales. Esto plantea un interrogante crítico: ¿Quién se encargará ahora de garantizar el plan establecido por la Corte Constitucional (Sentencia STL10716-2020) para la protección del parque?
Hasta hoy, la Consejería Presidencial para las Regiones era la pieza clave en este engranaje, actuando por delegación directa del Presidente de la República (representante legal de los derechos del parque). Su eliminación deja un vacío en cuatro frentes vitales:
- Articulación de Alto Nivel: Era la encargada de sentar en la misma mesa a Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y Corporaciones Autónomas (Corpocaldas, CORTOLIMA, CRQ, CARDER).
- Plan Conjunto de Recuperación: Estructuraba la hoja de ruta y unificaba indicadores para que las inversiones nacionales y regionales apuntaran integradamente a la reforestación y delimitación de zonas.
- Diálogo Social: Actuaba como puente para evitar que las medidas restrictivas se dictaran exclusivamente desde Bogotá, equilibrando la conservación ambiental con las realidades económicas de los municipios locales.
- Gestión de Recursos: Servía de canal directo para conseguir el presupuesto necesario para la compra de predios estratégicos, la instalación de guardaparques y el impulso del turismo sostenible.
Sin una directriz clara desde el alto gobierno, sin un ente articulador definido y con dos departamentos aplicando reglas distintas sobre una misma vía, el Parque Nacional Natural Los Nevados enfrenta hoy una amenaza que va más allá del flujo vehicular: la parálisis institucional. Un ecosistema frágil que, lamentablemente, no entiende de tiempos de empalme ni de burocracia estatal.
sos/
