El vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un incidente de incumplimiento para que se verifique si Rodrigo Londoño Echeverry, último comandante del Estado Mayor de las extintas Farc y compareciente ante ese tribunal, cumplió con sus obligaciones de verdad plena y no repetición. La solicitud se sustenta en la acusación sustitutiva presentada por el gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, la cual menciona al exguerrillero en presuntas reuniones para acordar narcotráfico y compra de armas. Molina pidió expresamente a la JEP contrastar la información de ese documento judicial extranjero, revisar la situación jurídica actual de Londoño y valorar de oficio la apertura de dicho incidente.
Según la acusación estadounidense, en 2013 Maduro y Flores se habrían reunido con dirigentes de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, alias Timochenko, junto a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, para saldar deudas derivadas del narcotráfico y acordar la venta de minas y armas. El documento también menciona un episodio ocurrido en 2017 en el que autoridades venezolanas habrían trasladado armas a integrantes del grupo armado y del ELN a cambio de cargamentos de cocaína. Molina enfatizó que los delitos que se le atribuyen a Londoño en Estados Unidos son de máxima gravedad, pues involucran narcotráfico e intercambio de armas que, según la acusación, siguieron llegando para la guerra en Colombia.
Exigencia de respuesta clara para el país
En un video difundido por Caracol Radio, el representante manifestó que radicó formalmente el incidente para que se determine si Timochenko siguió delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz, tal como constaría en documentos del gobierno de los Estados Unidos dentro del proceso contra Nicolás Maduro. Molina aseguró que desde la Cámara le exigen a la JEP una respuesta clara para el país, y en un comunicado oficial señaló que los beneficios de la justicia transicional no pueden ser un cheque en blanco, puesto que están condicionados a decir toda la verdad y a no repetir conductas criminales.
«He radicado un incidente de incumplimiento para que se determine si ‘Timochenko’ siguió delinquiendo después de que se firmó el proceso de paz, así como consta en documentos del gobierno de los Estados Unidos en el proceso en contra de Nicolás Maduro. Los delitos por los que acusan a Timochenko en los Estados Unidos son muy graves: narcotráfico e intercambio de armas que siguieron llegando para la guerra en Colombia. Por eso le exigimos a la JEP una respuesta clara para el país»
Simón Molina Gómez, vicepresidente primero de la Cámara de Representantes
El congresista aclaró que su solicitud no busca condenas automáticas, sino que la JEP investigue y contraste la información para determinar si quienes recibieron beneficios de esa jurisdicción cumplieron realmente con la verdad y la no repetición. En ese sentido, pidió verificar la autenticidad de la acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y revisar las decisiones previas de exclusión de Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes fueron apartados de la Jurisdicción Especial por no comparecer o por persistir en actividades delictivas. La solicitud de Molina implica, además, que se valore la situación jurídica actual de Londoño a la luz de las obligaciones vigentes que adquirió al someterse a la JEP.
Cabe recordar que Rodrigo Londoño fue condenado por la JEP a ocho años de sanción propia por crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, junto a otros seis exintegrantes del último secretariado de las Farc. Según informó la propia Jurisdicción en un hilo publicado en su cuenta de X, los sancionados deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta ocho años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos. La pregunta que ahora se abre es si aquella acusación proveniente de Estados Unidos, que vincula al último comandante guerrillero con presuntos acuerdos de narcotráfico y armas en Venezuela, tendrá algún efecto sobre ese estatus de compareciente ante la justicia transicional. La JEP queda así ante el reto de contrastar documentos internacionales con las versiones y compromisos asumidos por uno de los firmantes más visibles del Acuerdo de Paz, mientras el país espera una definición que toca directamente la confianza en el modelo de justicia transicional.
