Familiares y abogados de Miguel Rodríguez Orejuela, el exjefe del Cartel de Cali de 82 años, han elevado una solicitud de clemencia ante la justicia de Estados Unidos para que el narcotraficante pueda terminar sus días fuera de prisión debido a un avanzado deterioro cognitivo causado por demencia vascular. Rodríguez Orejuela purga una condena de 30 años en la prisión federal de Big Spring, en Texas, de la cual le restan apenas dos años por cumplir, y el pedido se fundamenta en la preocupación de que muera tras las rejas, similar a lo ocurrido con su hermano Gilberto, quien falleció en 2022 a los 83 años mientras estaba encarcelado.
El deterioro de salud de Miguel Rodríguez Orejuela ha sido el eje central de esta petición actual en trámite, recordando que solicitudes previas de excarcelación fueron rechazadas incluso en casos de enfermedad terminal, debido a la política restrictiva que aplica Estados Unidos a los extraditados colombianos, muchos de ellos exjefes de carteles que influyeron profundamente en instituciones estatales y en las rutas de la cocaína hacia el mercado norteamericano.
Otros capos colombianos con largas condenas en prisiones estadounidenses
La situación de Rodríguez Orejuela se enmarca en un panorama más amplio de narcotraficantes colombianos que enfrentan duras penas en Estados Unidos, como Simón Trinidad, exdirigente de las Farc condenado a 60 años por el secuestro de tres contratistas estadounidenses, de los cuales ha cumplido 22 años a sus 75 de edad; o Dandeny Muñoz Mosquera, exjefe de sicarios del Cartel de Medellín, sentenciado a diez cadenas perpetuas y quien pasó 18 años en aislamiento inicial. Entre otros destacan Dairo Antonio Úsuga David y Daniel Rendón Herrera, cofundadores del Clan del Golfo, con condenas de 45 y 35 años respectivamente; Diego León Montoya Sánchez y su hermano Eugenio Montoya Sánchez, exjefes del Cartel del Norte del Valle, con 45 y 30 años; Carlos Arturo Patiño Restrepo con 40 años; Daniel Barrera con 35 años; así como paramilitares como Diego Murillo Bejarano, con 31 años y tres meses, y Henry de Jesús López Londoño, con 31 años, ambos vinculados a masacres y violencia en regiones como Cauca, Valle, Bolívar, Chocó, Antioquia y Catatumbo.
Figuras adicionales incluyen a Luis Carlos Quintero Cruz, Miguel Vélez y Bernardo Antonio Vásquez, condenados a cadenas perpetuas por el asesinato del piloto Barry Seal, mientras que exparamilitares extraditados en 2008 como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo Serna, Carlos Jiménez Naranjo, Hebert Veloza García y Francisco Zuluaga Lindo han enfrentado procesos de paz o condenas en Colombia tras sus casos en Estados Unidos. En contraste, algunos han regresado al país tras cumplir sus penas, como Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien pasó nueve años preso y ahora reside en Medellín; Fabio Ochoa Vásquez, liberado en diciembre de 2024 después de 30 años; o Carlos Enrique Lehder Rivas, quien volverá en marzo de 2025 tras 33 años. Incluso Griselda Blanco Restrepo fue deportada, vivió ocho años en Medellín y fue asesinada en 2012.
Estos casos ilustran la compleja relación entre la justicia estadounidense y los extraditados colombianos, donde pedidos de repatriación como el de Simón Trinidad han sido infructuosos, dejando a muchos capos en un limbo judicial que prioriza la seguridad sobre la compasión humanitaria, especialmente en un contexto de deterioro físico inevitable por la edad avanzada.
