La defensa del máximo cabecilla de La Inmaculada, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, ha activado una serie de recursos jurídicos para intentar retrasar su extradición a Estados Unidos. Entre estas acciones se encuentran la presentación de una revocatoria directa y una acción de nulidad contra la resolución que autoriza su entrega, además de cartas enviadas al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fechadas el 15 y 30 de diciembre. Pipe Tuluá, quien se encuentra bajo custodia en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá, busca la suspensión del proceso para facilitar la instalación de una mesa de diálogo en el marco de la política de «paz total», alegando relevos en la cúpula de su organización y aportes a la pacificación en el norte del Valle del Cauca, zona de operaciones de La Inmaculada.
Marín Silva enfrenta una condena de 30 años de prisión por 46 homicidios, además de dos procesos en juzgamiento y once investigaciones adicionales en Colombia por delitos como extorsión, secuestro y homicidio agravado, con sentencias firmes por estos crímenes. Su extradición, ya firmada y con traslado previsto en las próximas semanas, responde a un requerimiento de Estados Unidos por narcotráfico, sin solapamiento con los delitos locales. La estrategia legal invoca medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presenta a Pipe Tuluá como interlocutor clave, a pesar de que la Oficina de Paz del Gobierno ha indicado que no tiene un rol reconocido en los diálogos de paz.
Presiones políticas y garantías exigidas
En las misivas dirigidas al Gobierno y a la Dirección Nacional de Inteligencia, la defensa solicita la intervención para dilatar el proceso meses, argumentando falta de motivación en la resolución, violación a la proporcionalidad y la prioridad de la «paz total». Además, exigen garantías de Estados Unidos como la no aplicación de la pena de muerte, respeto a su salud y visitas familiares, así como limitación a los delitos solicitados. Desde su custodia, Marín Silva mantiene influencia sobre La Inmaculada, aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha citado falta de garantías de seguridad para un traslado a una cárcel ordinaria. Esta maniobra busca contrarrestar la prioridad gubernamental en la cooperación internacional judicial.
«un hecho»
Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado
El Gobierno Petro ha defendido la legalidad del proceso, avalada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, subrayando que el traslado a Estados Unidos es inminente pese a los recursos presentados. Esta situación pone en tensión la estrategia de paz total con la obligación internacional de extradición, mientras Pipe Tuluá continúa ejerciendo presión desde su reclusión en Bogotá.
