En Bogotá, durante una entrevista reciente con W Radio, Pipe Tuluá reiteró su deseo de dialogar con el Gobierno de Petro y afirmó que no es narcotraficante ni ha enviado droga a ningún país. El cabecilla de La Inmaculada, con influencia en el Valle del Cauca, negó que existan negociaciones de paz entre su estructura y el Ejecutivo y sostuvo que su interlocución busca evitar más violencia en cárceles y en el país.
La conversación, difundida desde la capital, giró en torno a una entrega de un arma corta como gesto de paz y a una carta dirigida al Ejecutivo. Según Tuluá, la acción se habría realizado en La Picota (Bogotá) y la entrega de ese arma habría ido acompañada de una alerta a las autoridades para evitar una tragedia. También mencionó la intervención de una delegación oficial que incluyó a la senadora Isabel Zuleta y aseguró que la iniciativa cuenta con respaldo de una resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La historia detrás de la noticia y el marco institucional
«Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país» – Andrés Felipe Marín Silva (Pipe Tuluá), cabecilla de La Inmaculada
En su intervención, Tuluá añadió que «no existen negociaciones de paz» entre su organización y el Gobierno, y reconoció la gravedad de los ataques contra funcionarios del INPEC, reiterando su voluntad de contribuir a la superación de la crisis de seguridad.
Además afirmó que «esa arma iba a ser usada para atentar contra alias Araña, cabecilla de las disidencias, y yo alerté a las autoridades para evitar una tragedia», y reiteró que «no existe ningún canal secreto ni acuerdo; lo que hay es voluntad de evitar derramamiento de sangre en las cárceles» mientras advertía que «la crisis en las cárceles necesita soluciones de fondo, no medidas improvisadas».
La intervención de una delegación oficial con la senadora Isabel Zuleta y el respaldo de una resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dan cuenta de un intento institucional de situar la conversación en un marco de diálogo, sin que ello signifique reconocimiento de negociaciones formales, en un contexto en el que el Gobierno ha sido explícito en negar canales de negociación directa con actores criminales.
El contexto de la noticia incluye antecedentes sobre Pipe Tuluá como cabecilla de La Inmaculada, su procesamiento por narcotráfico y la posibilidad de extradición a Estados Unidos, así como la mención de una carta dirigida a ministros y a autoridades de inteligencia que desató un debate sobre mediación. También se menciona el entorno de otros actores criminales como el Tren de Aragua, que, según el relato, busca situar su postura dentro de un marco de contención de la violencia y contribuir a la estabilidad institucional.
Interviene la delegación oficial que incluye a la senadora Isabel Zuleta y se apoya en una resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; estas piezas institucionales aportan un marco formal a una conversación que el Gobierno ha negado como canal de negociación directo. En lo que va de 2025, el país acumula 23 atentados contra funcionarios del INPEC, una cifra que evidencia la compleja situación de seguridad y el desafío de la política penitenciaria.
Este episodio reabre el debate público sobre la legalidad, la legitimidad y los límites de la mediación de actores criminales en temas de seguridad y penitenciaria, mientras la comunidad periodística continúa rastreando las posibles vías de diálogo institucional sin ceder ante la tentación de convertir estas gestiones en un canal de negociación formal.
