Un hecho que ha generado resonancia en Bogotá involucra a un policía de alto rango que fue captado en video intimidando a una comerciante en la capital. Según la grabación y la denuncia que circula en redes, el uniformado ingresó a la zona privada del establecimiento, tomó varios licores y se retiró con una actitud amenazante, dejando sobre la mesa la posibilidad de que el negocio sea sellado en su próxima visita. La comerciante, cuya identidad no ha sido revelada, señaló la conducta como un acto de intimidación y alerta sobre posibles abusos de autoridad.
A raíz de la denuncia viral en redes sociales, la polémica ha cobrado fuerza entre juristas y comerciantes, mientras se mantiene en reserva la identidad del funcionario involucrado y la del establecimiento. No se reportan montos económicos asociados a la acción y, hasta el momento, se desconoce el motivo exacto que originó la presencia policial dentro de la zona privada del local en Bogotá, dentro de un marco comercial. Este episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la autoridad y la necesidad de claridad en los códigos mercantiles que se aplican en operativos en establecimientos de venta de bienes y servicios.
Análisis legal y marco normativo en revisión
El caso ha sido objeto de análisis por parte de la abogada Jessica Paola Echavarría, quien ha comentado al respecto para Infobae Colombia, citando la presencia de los códigos mercantiles 4711 y 4719 en el registro del establecimiento. Según su lectura, estos códigos podrían referirse a diferentes tipologías comerciales, lo que abre la puerta a cuestionar si la aplicación de uno u otro código era la correcta para justificar la intervención. Echavarría señala que la interpretación de estos códigos debe hacerse con cautela, ya que la variabilidad de productos en los comercios puede generar confusión entre lo que corresponde a alimentos y lo que no, por lo que resulta imprescindible acreditar la actividad económica real del lugar para respaldar la actuación policial.
«Durante la conducta de los agentes se mencionaron los códigos del registro mercantil del establecimiento: se nombró el 4711, que los agentes indican que deben tener y que corresponde a supermercados o tiendas comunes en el país, principalmente dedicadas a la venta de alimentos. El 4719 se refiere al comercio en establecimientos que no se enfoca únicamente en alimentos, sino en variedades de productos. Podríamos interpretar que el segundo código no abarca alimentos específicamente, pero se pueden confundir debido a que en las tiendas varía la cantidad y el tipo de productos que venden» – Jessica Paola Echavarría, abogada
«Debemos remitirnos al principio de legalidad y al comportamiento de los agentes, quienes no solo pueden actuar con base en lo que perciben, sino que deben respaldarlo con la norma exacta que se incumplió y demostrar cuál es la actividad económica del establecimiento. Ellos tendrían que haber comprobado que correspondía al código que indicaban» – Jessica Paola Echavarría, abogada
«Desde el punto de vista del derecho penal, dicha conducta no reúne todos los elementos de un tipo penal específico, pero sí podría encajar en el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Esto se da cuando un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurre en un acto arbitrario e injusto. La pena principal puede ser una multa, además de abrirse una investigación para determinar las consecuencias de este hecho» – Jessica Paola Echavarría, abogada
«Los servidores tienen unos deberes, entre estos tienen que hacer respetar la constitución, además de respetar y proteger los derechos, que guarda relación con el caso analizado. Se entiende que hay un grado de privacidad que delimita la vitrina, no puede ser invadida por una persona, menos por un servidor público que no tiene orden para ello» – Jessica Paola Echavarría, abogada
La historia, que comenzó con una denuncia publicada en redes y que luego adquirió notoriedad pública, genera un debate sobre la necesidad de marcos claros para la actuación policial en espacios privados de comercio y sobre la protección de los derechos de los comerciantes. A la luz de las declaraciones de la abogada y de la nota publicada por Infobae Colombia, las autoridades analizan posibles cargos, procedimientos disciplinarios y la eventual apertura de investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y las consecuencias jurídicas que podrían derivarse. En definitiva, este caso podría marcar un precedente sobre cómo se deben interpretar y aplicar códigos mercantiles en operativos dentro de establecimientos comerciales y qué medidas deben acompañar cualquier intervención para evitar abusos de autoridad.
