La Policía Nacional de Colombia activó un llamamiento en garantía contra cuatro de sus uniformados condenados por interceptaciones ilegales de comunicaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea, empleadas domésticas de la excongresista Laura Sarabia, con el fin de que respondan patrimonialmente ante la demanda de reparación integral presentada por las víctimas. Este procedimiento formal busca establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de la vulneración de derechos por el monitoreo no autorizado realizado por los agentes en la Sijín de Bogotá y la Dijín, con informes manipulados que incluso vinculaban falsamente a las mujeres con actividades delictivas en Chocó.
De los cuatro uniformados involucrados, dos aceptaron su responsabilidad mediante preacuerdos, mientras que los otros dos fueron hallados culpables tras un juicio oral. Las condenas se basaron en cargos graves como falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, tras demostrarse que elaboraron informes falsos identificando a Meza y Perea como presuntas cabecillas del Clan del Golfo sin ningún fundamento probatorio. Este mecanismo de llamamiento en garantía obliga a los agentes a responder con su patrimonio personal por culpa grave y extralimitación de funciones, evitando así que la carga recaiga exclusivamente en el erario público.
Reconocimiento oficial de la Policía Nacional
La institución policial reconoció en un comunicado su obligación de actuar con diligencia y cuidado conforme a la Constitución, la ley y su reglamentario, destacando que los uniformados presuntamente se extralimitaron en sus funciones, lo que derivó en las interceptaciones ilegales del número telefónico de Fabiola Perea, entre otros abusos.
“Como consecuencia de esto se despliegan actividades por algunos funcionarios para hallar los presuntos responsables de estos hechos, uniformados que debieron obrar con la diligencia y cuidado, conforme a lo preceptuado en el marco constitucional, legal y reglamentario de la policía nacional, caso contrario realizaron presuntamente extralimitación en sus funciones como servidores públicos lo que conllevó al parecer a las interceptaciones del número de telefónico de la señora Fabiola Perea”.
Comunicado de la Policía Nacional de Colombia
En el mismo documento, la Policía justificó la procedencia del llamamiento atendiendo a los presupuestos legales establecidos, invocando la normatividad vigente y los fundamentos de derecho para responsabilizar a los agentes mencionados.
“Atendiendo los presupuestos en mención, es procedente llamar en garantía al entonces En atención a lo establecido en la normatividad precitada en los Fundamentos de Derecho y demás normas concordantes, la solicitud de llamamiento en garantía a los señores arriba mencionados”.
Comunicado de la Policía Nacional de Colombia
Este caso subraya las graves consecuencias de las irregularidades en investigaciones policiales y refuerza los mecanismos de control patrimonial para proteger a las víctimas de abusos de poder, en un contexto donde la confianza en las instituciones se ve amenazada por episodios como las interceptaciones ilegales vinculadas a figuras políticas.
