En un incidente que pone en evidencia las crecientes amenazas contra defensores de derechos humanos en Colombia, se frustró este 28 de marzo un atentado contra el abogado penalista Ricardo Antonio Méndez, vicepresidente del Capítulo Atlántico del Colegio de Abogados Penalistas y conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en sala penal, en el barrio El Country del norte de Barranquilla, Atlántico. Dos sujetos que lo seguían en motocicleta fueron interceptados por uniformados de la Policía Nacional tras una alerta oportuna del propio jurista, evitando así un posible ataque que se presume motivado por el ejercicio de su profesión como abogado penalista. La Fiscalía General de la Nación abrió de inmediato una noticia criminal para investigar los hechos.
El Colegio de Abogados Penalistas rechazó de manera contundente el atentado y expresó su plena solidaridad con Méndez, reconocido además como catedrático universitario, subrayando que estas agresiones vulneran el ejercicio libre de la profesión garantizado por la Constitución y la ley colombiana. Francisco Bernate Ochoa, presidente del Colegio, hizo un llamado urgente a las autoridades policiales, judiciales y administrativas para que se esclarezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y se identifiquen a los posibles determinadores de este lamentable hecho, del cual por fortuna no se registraron víctimas.
Críticas por falta de protección a abogados amenazados
El abogado penalista Iván Cancino, quien también ha denunciado amenazas en su contra sin recibir atención adecuada, criticó duramente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía por la poca o nula protección brindada a los defensores que reportan riesgos, señalando que estas omisiones derivan en consecuencias graves para muchos profesionales del derecho. Cancino destacó además la rapidez con la que la Fiscalía archiva denuncias de amenazas mediante un formato estandarizado de nueve páginas que solo varía el nombre del denunciante, un procedimiento que calificó de proforma y que ignora la gravedad de las situaciones.
“La @UNPColombia y la @FiscaliaCol poca o nula protección a los defensores que denuncian y denunciamos amenazas. Y estas son las consecuencias para muchos”
Iván Cancino, abogado penalista
“Ojalá me paren bolas. A mí me han amenazado desde ese recinto y otros he denunciado y @FiscaliaCol archiva con la velocidad de un rayo en proformas. Archivan denuncias de amenaza en un formato de 9 páginas que solo cambia el nombre del denunciante”
Iván Cancino, abogado penalista
Este suceso se enmarca en un contexto de mayor inseguridad para los abogados penalistas, con un antecedente similar apenas tres días antes, el 25 de marzo, cuando otro jurista, Miguel Ángel del Río, también fue blanco de amenazas. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, las voces del Colegio de Abogados Penalistas insisten en la necesidad de medidas efectivas para salvaguardar la labor de quienes defienden derechos en entornos de alto riesgo.
“Hacemos un llamado de apoyo urgente a todas las autoridades policiales, judiciales y administrativas para que se esclarezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y así mismo se logre identificar a los posibles determinadores de tan lamentable hecho, del cual, por fortuna, no se causaron víctimas”
Francisco Bernate Ochoa, presidente Colegio de Abogados Penalistas
