El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de Colombia emitieron una advertencia urgente sobre la circulación de documentos internos falsificados que suplantan la firma del director general, William Oswaldo Rincón Zambrano. El comunicado, fechado el 28 de enero de 2026 e informado entre ese día y el 29 de enero, subraya que estos documentos carecen de toda validez, autenticidad y vinculación oficial con la institución, en un esfuerzo por proteger la integridad de sus procesos internos en todo el territorio nacional.
Ante esta situación, la Policía Nacional activó de inmediato sus protocolos internos de verificación y seguridad documental, al tiempo que notificó a la Fiscalía General de la Nación para iniciar las investigaciones correspondientes. Los intentos de suplantación buscan alterar el funcionamiento interno de la institución y minar la confianza ciudadana, por lo que se implementarán medidas estrictas para impedir filtraciones y se tomarán acciones legales por delitos como falsedad en documento público y fraude procesal.
Reciente ascenso del director general
Este incidente ocurre poco después del ascenso de William Oswaldo Rincón Zambrano al grado de general, ocurrido el 29 de diciembre de 2025 durante una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, en Bogotá, presidida por el presidente Gustavo Petro. Este nombramiento representó la primera aplicación de la Ley 25.8 de 2025, que modifica el parágrafo 1° del artículo 23 del Decreto Ley 1791 de 2000, permitiendo el ascenso directo al grado de general para el director en propiedad de la Policía Nacional. En el mismo evento, se destacaron otros ascensos como el de Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros a mayor general, y de Miguel Andrés Camelo Sánchez y Óscar Mauricio Rico Guzmán a brigadier general.
La institución reafirma su compromiso con la integridad, la transparencia y el estricto apego a la legalidad, recordando que toda comunicación oficial se emite exclusivamente a través de canales institucionales autorizados, con el fin de evitar confusiones y garantizar la confianza de la ciudadanía en sus operaciones.
