La Policía Nacional de Colombia redistribuyó más de 7.500 agentes hacia zonas críticas como Norte de Santander, Cesar y Cauca, formalizado mediante una resolución emitida el 22 de enero como parte de una estrategia vigente desde 2024. El director general, William Rincón Zambrano, justificó en una carta abierta el envío de cerca de 40 oficiales superiores a estas áreas de alto riesgo, subrayando el compromiso institucional para fortalecer la seguridad ciudadana y proteger el derecho al voto ante las persistentes amenazas de violencia de grupos armados ilegales.
Esta reasignación, basada en un análisis institucional coordinado con direcciones y departamentos especializados, busca llevar mayores capacidades operativas a territorios que lo requieren con urgencia, tras recientes movimientos de oficiales a regiones marcadas por la violencia. Forma parte de la estrategia nacional ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, que prioriza el refuerzo del orden público en departamentos clave afectados por la presencia de estructuras criminales.
Compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia
El general Rincón Zambrano enfatizó que la labor policial exige disponibilidad permanente en cualquier punto del territorio nacional, sin distinción de destinos o funciones cuando se trata de salvaguardar vidas y defender la democracia. Esta medida responde directamente a las amenazas que persisten en estas zonas, donde los grupos armados ilegales intentan desestabilizar la tranquilidad ciudadana y el proceso electoral.
“Cuando entré a la Escuela General Santander juré defender a Colombia y sus ciudadanos a nivel nacional e internacional, como lo juramos todos quienes somos policías”.
General William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional
“No existen destinos menores o sin importancia, ni funciones secundarias cuando se trata de cuidar la vida, proteger a los ciudadanos y defender la democracia”.
General William Rincón Zambrano, en carta abierta de la Policía Nacional
Con esta redistribución, la institución policial reafirma su rol fundamental en la consolidación de la seguridad y la dignidad democrática, asegurando que los recursos humanos lleguen precisamente donde más se necesitan para contrarrestar las dinámicas de violencia y garantizar la paz en las regiones más vulnerables del país.
